Tras la medida publicada en Gaceta Oficial del pasado 5 de febrero sobre la regulación del servicio de entregas a domicilio o deliverys en Venezuela, la Cámara de Comercio de Valencia consideró que la normativa podría representar una traba para el desarrollo de la actividad económica.
Por Corresponsalía lapatilla.com
El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbas, indicó que según lo publicado en la Gaceta, se crea un registro obligatorio, manejado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), en el que la empresa que hace el delivery tendrá que pagar 300 dólares para obtener una licencia que les permita prestar el servicio, más una anualidad de 240 dólares para mantener el permiso. Sumado a esto, el consumidor que utilice el servicio de delivery tendrá que pagar un importe de 1 %.
Según la providencia, las empresas “deben reflejar a los usuarios, en la factura electrónica o física, el cobro del importe del Franqueo Postal Obligatorio, correspondiente al uno por ciento (1 %), el cual será retenido y enterado por el operador postal privado a favor de Ipostel”.
Abbas criticó que la empresa que hace el delivery pasa a ser recaudador y a cumplir funciones que le corresponden al Estado al tener que retener el dinero y enterarlo.
“Eso hace que esa oferta que hace el sector comercio y servicio para tratar de llevar y de captar clientes, queden minimizadas, porque si yo como empresa tengo que pagar en mi primer año 540 dólares por tener una persona que hace el delivery, y encima el consumidor tiene que pagar el 1 %, se ve como una distorsión para tratar de recuperar el poder adquisitivo. Parece que le estuviéramos poniendo lastres o anclas a la economía, más de las que tenemos con la percepción frente al tema de las sanciones”, sostuvo.
Caída en las ventas
El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia señaló que las ventas de enero de 2024 fueron inferiores a las registradas en diciembre de 2023.
Precisó que 93 % de los afiliados a la institución indicaron en una encuesta realizada por la Cámara, que las ventas del año pasado estuvieron por debajo de lo esperado.
“Hay menos poder adquisitivo. Aún habiendo una cantidad de ofertas en el mercado y teniendo empresas que buscan financiar al consumidor, cadenas de tiendas generando su propio sistema crediticio y aplicaciones que ofrecen crédito, aún así el consumidor no tiene el poder de generar la compra, lo que gana no es suficiente para ir al mercado y hacer la compra”, afirmó.
Abbas resaltó que se necesita establecer un “gran acuerdo nacional” que permita generar confianza en la economía y recuperar el poder adquisitivo sin caer en una espiral inflacionaria.
“Nudos críticos”
El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia manifestó que el sector enfrenta varios problemas o “nudos críticos” que deben corregirse para poder avanzar.
Puntualizó que las fallas en la energía eléctrica es uno de los asuntos a resolver. Para esto, proponen construir un plan de recuperación del sistema eléctrico, basado en la modernización y ampliación en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.
Además, exigen conocer el cronograma de los cortes eléctricos que ejecuta Corpoelec.
En materia tributaria, plantean que las retenciones del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) bajen del 75 % al 50 % para que las empresas puedan recuperar el flujo de caja frente a la ausencia de créditos para las industrias y comercios.
Asimismo, dijo que el sector propone una reducción en el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). “Ese IGTF que paga la empresa no puede ser deducido como gastos en la declaración del Impuesto sobre la Renta, lo cual implica que se paga dos veces el impuesto: primero, cuando me descuentan el 3 % o 2 % de IGTF y también, como no lo pude restar de mis ventas brutas como gastos, lo vuelvo a pagar, porque es considerado una utilidad. Tenemos una doble tributación que repercute de manera negativa en las empresas y en el consumidor que pierde 3 % del poder adquisitivo”, detalló.
El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia hizo un llamado a supervisar la aplicación de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. “Estamos viendo casos de algunos municipios que no están cumpliendo con lo establecido en esa ley”, acotó.