ÁLVARO GARCÍA
Como cada mañana desde hace cinco meses, Harouna Conte, un guineano de 22 años, ha llamado al 91 322 01 89 con la esperanza de que, por fin, su futuro pueda empezar a aclararse. La respuesta ha sido la de siempre: nadie responde el teléfono. Escuchar una voz al otro lado de la línea es su única opción para que le den la cita necesaria para iniciar su procedimiento de petición de asilo. Su caso es el de cientos de personas en toda España. Este martes, más de un centenar de afectados y una veintena de ONG han presentado una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo para denunciar la situación. La falta de citas, advierten, “niega a los migrantes el acceso a derechos básicos” y lleva a España a” incumplir la legislación europea” en materia de asilo.
Por: El País
Nunca antes ha habido tantos demandantes de asilo en España, pero a la vez, cada vez es más complicado iniciar un procedimiento que exige una cita previa obligatoria. Hasta mayo de 2023, las citas se pedían por internet, pero el sistema era vulnerable a ataques de hackers que acaparaban las citas y luego las vendían por hasta 200 euros. Y se pagaban, porque era la única forma de lograrlas. La Policía acabó deteniendo al supuesto hacker que presuntamente controlaba un pelotón de bots para controlar las citas, pero el problema continuó y se acabó con la opción de pedirlas en línea. Para resolver la cuestión de los ciberataques, la Policía decidió, unilateralmente, dar a las comisarías la potestad de elegir su propia manera de gestionar las solicitudes. Se ofrecieron correos electrónicos y teléfonos, pero la insuficiencia de personal para atender al aluvión de peticiones ha complicado aún más el acceso, según denuncian las ONG. Esta solución era, en teoría provisional, pero no hay visos de que haya una nueva alternativa en el horizonte.
Fuentes policiales reconocen el problema, pero esgrimen que no está en sus manos encontrar una solución, que pasaría por crear un sistema informático capaz de ofrecer citas en internet, pero también de frenar a los hackers. El Ministerio del Interior destaca que la Oficina de Asilo y Refugio ha multiplicado por cinco (de 60 a 300) sus empleados para reforzar la plantilla y hacer frente al aumento de solicitudes. Interior obvia que este aumento en la plantilla no tiene impacto en el objeto de las quejas presentadas este martes, es decir, en el acceso al procedimiento, ni tampoco en las entrevistas que deben hacer los solicitantes posteriormente, sino que son funcionarios que se dedican a estudiar los expedientes una vez formalizada su petición.
A pesar de las dificultades de acceso, España batió el récord en 2023 con 163.218 solicitudes registradas. Vistas las denuncias constantes desde hace meses, esta cifra no representa la cantidad de personas que hoy en día tienen la intención de pedir asilo. El problema preocupa a Acnur. La agencia de la ONU para los refugiados valora que, en los últimos años, hayan aumentado los recursos destinados a resolver los problemas de acceso, pero advierte de que el esfuerzo es “insuficiente”. Y añade: “Es fundamental que quienes quieran pedir asilo en España puedan ejercer ese derecho dentro de unos plazos razonables. La situación de demoras está dejando a muchas personas en situación de vulnerabilidad”.
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