Un juez español suspendió el 19 de julio de 2018 las órdenes de arresto europeas e internacionales para el depuesto presidente catalán Carles Puigdemont y otros líderes separatistas que huyeron al extranjero, dijo el Tribunal Supremo, la segunda vez que lo hizo. En un fallo judicial, Pablo Llarena dijo que había tomado la decisión después de que un tribunal alemán acordara extraditar a Puigdemont, pero solo por el mal uso de fondos públicos y no por el cargo más serio de rebelión.
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La ley de amnistía que el PSOE, principal partido del Gobierno español, pactó hoy con los independentistas catalanes abarca desde el expresident Carles Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo quiere investigar por terrorismo, a implicados en los disturbios posteriores a la sentencia, según anunciaron los tres partidos implicados en el acuerdo.
Son cerca de un centenar los encausados que podrían beneficiarse de la ley de amnistía, que prevé el borrado de los delitos cometidos durante más de una década de proceso independentista en Cataluña, en concreto entre el 1 de noviembre de 2011 hasta la actualidad.
Puigdemont y los huidos
Los últimos movimientos judiciales en las causas en que está envuelto el expresidente de la Generalitat han mantenido en vilo las negociaciones para sacar adelante la ley, ante el temor de los independentistas por que la amnistía no blindara al líder de la formación en sus frentes penales.
Además de la causa del proceso independentista, en la que Puigdemont está acusado de un delito de malversación castigado con hasta 12 años de prisión, el Supremo decidió la semana pasada investigarlo por terrorismo por su papel al frente de la plataforma anónima Tsunami Democràtic que en 2019 organizó las protestas contra la sentencia a los líderes independentistas.
En paralelo, el escenario judicial se ha complicado para el expresidente catalán con las indagaciones del caso Volhov por los contactos con Rusia en busca de apoyos para el proceso independentista: el juez ha prorrogado la investigación, con Puigdemont en el punto de mira, ante unos indicios que abrirían la puerta a imputarle un delito de alta traición.
Junto a Puigdemont, por los altercados en las protestas de Tsunami los tribunales españoles investiga a la secretaria general del partido independentista ERC, Marta Rovira, huida a Suiza, en una causa que salió a la luz cuando la dirigente republicana ya no tenía cuentas pendientes con el Supremo, gracias a las reformas penales que abolieron el delito de sedición.
Sí siguen imputados por malversación agravada y desobediencia en la organización del ‘procés’ los exconsellers de la Generalitat Lluís Puig y Toni Comín, ambos huidos de la justicia española y con una orden de detención nacional en vigor.
También está procesada la exconsellera Clara Ponsatí, aunque en su caso por un delito de desobediencia que no acarrea penas de cárcel, después de que el Supremo le eliminara el de sedición a raíz de la reforma del Código Penal.
Junqueras y los condenados por el ‘procés’
La amnistía puede levantar las penas de inhabilitación que aún pesan sobre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la exconsellera Dolors Bassa -hasta 2031-.
El resto de condenados por el Supremo y luego indultados -Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, con condenas por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull- no tienen penas de inhabilitación pendientes.
Terrorismo en Tsunami Democràtic
Tras varios años de investigaciones, el juez Manuel García Castellón ha reactivado la causa por terrorismo que abrió a raíz de las masivas movilizaciones convocadas por Tsunami Democràtic, en octubre de 2019, contra la sentencia del procés.
Otra causa por terrorismo: los CDR
Pendiente de juicio están los doce procesados en la causa de los CDR, acusados de delitos de pertenencia a organización terrorista -ocho de ellos también por tenencia y fabricación de explosivos y estragos-, por lo que la Fiscalía les pide penas de entre ocho y 27 años de cárcel.
Fueron detenidos en 2019 en el marco de la Operación Judas y se les acusa de pertenecer a una facción radicalizada de los Comités de Defensa de la República (CDR) que planeó supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019.
Las cargas contra el referéndum
La amnistía permitirá zanjar las causas abiertas a la mayoría de policías nacionales y guardias civiles investigados por las cargas del 1-O: el límite está en los delitos de torturas o trato inhumano y degradante, que quedan fuera de la ley.
Los disturbios postsentencia
Son decenas los manifestantes independentistas encausados en Cataluña por los disturbios en las protestas tras la sentencia del procés, en algunos casos ya con condenas que implican su ingreso en prisión.EFE