El principal problema en Guachara, municipio Achaguas en el estado Apure, es la inseguridad. Así lo revelan vecinos de esta zona, donde existe una importante presencia indígena. “Los indígenas malos de Capanaparo nos están invadiendo”, dicen algunos pobladores del casco central de Guachara.
lapatilla.com
En la entrada del pueblo se observan indígenas viviendo a las orillas de la carretera, porque aseguran huir de la violencia existente en San José de Capanaparo y que arropa a todos los sectores de la vida en el bajo Apure. Al menos siete familias encuentran refugio en esta zona.
Los indígenas de San José de Capanaparo, Freddy Durán, Fabián Ambrosio alias “Pocho Durán” (entrenado por el Ejército de Liberación Nacional-ELN- durante cinco años) y Pedro Orlando Durán, han sido los encargados de obligar a los dueños de las fincas a salir de sus tierras, extorsionar a los productores, secuestrar a los hijos de los dueños de las unidades de producción y reclutar indígenas.
“La guerrilla colombiana le dio permiso a alias “Pocho” de retornar a su comunidad y comenzó a embromar gente. Quería hacer un grupo guerrillero con puros indígenas Pumé. El Gobierno en estos días estuvo visitando la zona de San José de Capanaparo, porque los indígenas han protagonizado no solo la desaparición de personas, robo de carros, motos, sino también ejercen el delito de la extorsión. Se hacían pasar por elenos (guerrilleros colombianos) y son personas iguales a uno, indígenas. Ahorita están más quietos”, agregó una fuente que prefiere mantenerse en anonimato.
Los entrevistados dan cuenta que esa estructura delictiva opera desde diciembre del año pasado (2023) y hasta el momento ha logrado desplazar, al menos, a 23 dueños de fincas de San José de Capanaparo. Las autoridades hace pocos días realizaron una visita para calmar los ánimos, tras el aumento de los robos y otros delitos cometidos en la zona.
“Se están armando con armas viejas que consiguen. Los indígenas están huyendo de esa zona, porque les reclutan a sus hijos para delinquir. Cuentan con aproximadamente 40 indígenas armados. Los vendedores de queso le tienen que pagar una vacuna por sus ventas a este grupo delictivo, que opera en esta zona de fácil acceso con el país vecino, Colombia, a través del río Arauca y que también exige a los ganaderos el pago de vacuna por la matanza y movilización de ganado. Se creen los dueños y señores de esta zona”, apuntó otra fuente que pidió mantener en reserva su identidad.
Actualmente, el balneario Morichalote, ubicado en la comunidad de San José de Capanaparo, es el escenario predilecto por los delincuentes para perpetrar los robos de motos y atracos a propios y visitantes.
“Crearon su propia guerrilla, porque asumen que por su condición de indígenas están libres de castigos y son inmunes. Es una nueva guerrilla que no solo pide vacunas a los ganaderos, sino también a los dueños de campamentos evangélicos. Tienen aproximadamente 40 indígenas reclutados”, apuntó un vecino de la zona descrita.
Autoridades inertes
Según testimonios recopilados por lapatilla.com, este grupo armado cobra por lo menos cuatro vacas para liberar a secuestrados y movilizar semovientes. “Se meten a las casas por los techos y sacan todos los enseres”, apuntó un agraviado que lamenta tal situación de indefensión.
Los llamados guerrilleros indígenas dan ultimátum a los finqueros para que abandonen sus propiedades, se llevan el ganado por puños, están armados, nadie se les arrima porque les tienen miedo, confesó el dueño de una finca.
“Queremos salir de este mal gobierno que tenemos para que llegue un gobierno mejor. El ladronismo está desatado también, se meten a los fundos y a las casas, se roban el ganado y las autoridades no hacen nada. Ellos se identifican como guerrilleros, pero hay tanta inseguridad que no se sabe quiénes son, le quitan la plata a la gente, no encontramos qué hacer. Uno no duerme bien, porque nos sacan de noche el ganado de los corrales. En Guachara venden mucha carne robada”, destacó un productor preocupado por la situación.
El Gobierno es percibido por una porción de la población de Guachara, porque cuando se pierden vacas, las víctimas acuden a los entes gubernamentales a denunciar. “No hacen nada, no se pueden dejar las casas, porque son robadas las pertenencias de los dueños, las motobombas, las mulas inclusive. Cuando los funcionarios recuperan algo, nos quieren quitar la mitad de todo. Este Gobierno acabó con todo”, dijo un hacendado para lapatilla.com.
Los habitantes de la comunidad indígena de Las Campanas revelan que en esa zona del Bajo Apure carecen de protección del gobierno. “Hay inseguridad, la gente hace lo que le pide el cuerpo, hay mucha gente huyendo de la violencia”, agregó un indígena al ser consultado sobre el tema.
Fuentes del sector indígena revelan que unas 80 personas han salido de las comunidades cercanas al río Capanaparo obligados por la violencia, porque esta área fluvial es cercana a Colombia y considerada clave para el desarrollo de actividades ilícitas como el contrabando y narcotráfico.
La guerrilla colombiana en la parroquia Guachara opera en los ríos Capanaparo y Arauca. “Siempre pasan hombres vestidos de verdes o negro en canoas cargadas durante el invierno, porque para allá no va el Gobierno. El río es usado como un corredor, van para allá y para acá de forma fácil. En invierno los movimientos son más seguidos, porque el río es más hondo y es más fácil traficar con motores grandes. Ahorita todo está sequito. En invierno se forman playas grandísimas. Ellos no se meten con nadie”, apuntó un vecino de Guachara.
Sin medios de sustento
Antiguamente, los terratenientes del Capanaparo, mantenían la economía agrícola y pecuaria de la parroquia Guachara. En la actualidad, la situación económica es caótica porque los ganaderos e indígenas han sido obligados a salir de esta área geográfica porque las amenazas, los robos y los asesinatos se han apoderado de esta zona.
“Los vecinos y ganaderos son amarrados, les dan horas, minutos para que se vayan de la zona. La cara visible de la guerrilla son los indígenas, que ahora están inmersos en el consumo de drogas y ahora portan billetes de alta denominación de moneda extranjera (dólares y pesos)”, asevera un político de oposición consultado sobre el tema.
“Todos los vecinos del eje Santa Josefina hasta Las Campanas han sido desalojados, desmejorando totalmente la economía de Guachara en cuanto a la venta del ganado, la producción de carne y queso. Al quedarse esa zona vacía, no hay oportunidades de mejoras ni de empleo. Ahora los pobladores han optado por pescar. Los indígenas no siembran no producen nada, no tiene sentido que hayan desalojado a los productores, uno no sabe quién es quién”, argumentó.
Un indígena de San José de Capanaparo cuenta llorando el sufrimiento que significa vivir en este territorio ante la ausencia del Estado venezolano.
“En algunas zonas indígenas, los guerrilleros dan trabajo a los pobladores de las comunidades indígenas. Los guerrilleros andan por el invierno por los ríos. Pero como se secó el río, se desplazan en motos y en carros vestidos de civiles. Ahora los guerrilleros están más presentes en esa zona. Antes eran pocos, ahora tienen seis bongos llenitos de gente. Los indígenas delincuentes de la etnia Pumé trabajan con la guerrilla”, agregó un miembro de la comunidad indígena.
El miedo a denunciar ante las autoridades es lo más común entre los pobladores de la parroquia Guachara ante la presencia de los grupos armados en esta zona estratégica para el desarrollo de economías ilegales lideradas por los guerrilleros. “En esa zona prohíben el uso de teléfonos para que no se conozca la realidad ocurrida en las inmediaciones del río Capanaparo”, dijo un indígena.
En El Yagual imponen su ley
En El Yagual, parroquia Guachara en el estado Apure, los habitantes de esta zona son sometidos por la guerrilla colombiana. “Se aparecen de vez en cuando, y vienen con un punto señalado, una referencia, ellos vienen con un propósito definido”, agregó la dueña de una finca. Los guerrilleros cuentan con campamentos en esta región. Las fuentes consultadas precisan que existe un campamento guerrillero, situado en la antigua sede del hato Mariquitero.
El delito más común en esta zona es la extorsión ejercida por los grupos armados apoyados por los trabajadores de las fincas, quienes por lo general se prestan como informantes. Mientras los organismos de seguridad callan, ocurre el delito de extorsión y tráfico de drogas por la zona de El Rodeo, destacan los entrevistados.
“En los fundos chantajean a los dueños, los manipulan, los golpean, los amenazan, les quitan todo y se van. Le quitan los animales cotizados entre 2.000 a 3.000 dólares. También piden dinero en efectivo y las llamadas colaboraciones. Portan uniformes y armas, son visibles a la población y tienen familia en El Yagual”, apuntó.
Incluso, los grupos al margen de la ley convocan a los vecinos a reuniones en El Yagual para notificar a los asistentes sobre su presencia. Piden a la población no denunciar las muertes de los delincuentes porque esos asesinatos son justificados para garantizar la seguridad. “Ellos siembran el terror. Si ellos dicen que no se va a salir después de las 8:00 de la noche, pues no se sale, hacen toques de queda. Amenazan que tienen los nombres de personas que van a eliminar. El Gobierno y ellos están de acuerdo”, agregó un vecino de El Yagual.
