Las víctimas de trata de personas en España, donde muchas de ellas son latinoamericanas que caen en redes de explotación sexual o laboral, no serán expulsadas del país y contarán con una serie de ayudas sociales.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes, Día Internacional de la Mujer, un anteproyecto de ley integral contra la trata, una norma centrada en las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular, que podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo y tendrán ayudas sin necesidad de denuncia.
En rueda de prensa en Madrid, la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, destacó que esta norma busca un “abordaje integral” de todos los tipos de trata, desde la laboral y la sexual a la que tiene como objetivo los matrimonios forzosos o el comercio de órganos.
Redondo recalcó que es una “ley que no es punitivista” y que “está centrada en la prevención, sensibilización y protección de las víctimas” para “dar cobertura a las supervivivientes, especialmente las que están en situación irregular”.
Estas víctimas viven con “miedo y angustia”, advirtió, por lo que muchas veces no denuncian su situación ante las autoridades y por ello la ley prevé ayudas sin necesidad de denuncia, como el acceso al ingreso mínimo vital, la consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, asistencia letrada e indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a mafias y redes de trata.
Los casos de personas captadas en países de América Latina, muchas de ellas mujeres en situación vulnerable de Colombia y Venezuela, que son víctimas de explotación sexual, principalmente, y laboral son frecuentes en España, con muchas de las víctimas en situación irregular sin permiso de residencia ni de trabajo.
EFE