El presidente de la Cámara de Comercio, Puerto libre y Producción de Nueva Esparta, José Gregorio Rodríguez, alertó que los estados y municipios no pueden pretender que una omisión legislativa, o lo que es lo mismo, la falta de la correspondiente adecuación de la legislación local y regional a lo establecido Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, traiga como consecuencia que se estén aplicando normas no solo derogadas, sino que evaden la disposición legislativa.
Por Dexcy Guédez / Corresponsalía lapatilla
Advierte que con esa omisión propician una fuerte presión sobre la estructura de costos de las empresas, que al final la termina pagando el consumidor.
“Desde la Camara de Comercio de Nueva Esparta, hacemos un llamado a que se aplique de pleno derecho las disposiciones esa ley”, acotó el dirigente.
Subrayó que reconocen que si bien es cierto que todos deben contribuir con las cargas publicas para que los organismos puedan cumplir con sus correspondientes gestiones como son la seguridad, la educación, la salud, la vialidad y el ornato entre otras áreas, pero debe privar en los entes legislativos locales y regionales la sindéresis y el pleno respeto a los postulados constitucionales establecidos en los artículos 316 y 317, y más recientemente, en lo referido en el sistema de armonización tributaria a nivel de los estados y municipios, destacó.
Rodríguez resaltó que el gremio que preside considera que la Armonización Tributaria está incompleta, toda vez que la misma debió elevarse a los tres niveles de gobierno, es decir, incluir también el nivel central donde existen cargas fuertes y onerosas como las correspondientes a los trámites ante los Registros y Notarias, y los impuestos parafiscales como el de ciencia y tecnología, deportes, drogas, entre otros.
Subrayó que en concreto, si las alícuotas de las ordenanzas y las leyes estadales coliden o son superiores a las establecidas en la LOCAPTEM, los estados y municipios deben desaplicarlas de inmediato por mandato expreso de esta Ley Orgánica, lo cual no viola en lo absoluto la referida legislación.
“Por el contrario, si continúan aplicando alícuotas o normas que colidan o chocan con los principios de ese instrumento legal, sí se estaría violentando el ordenamiento jurídico”, puntualizó Rodríguez.