Argenis Giménez es uno de esos personajes emblemáticos que hay casi en cualquier ciudad del mundo: alguien a quien, por sus particularidades, todo el mundo conoce. En Barquisimeto, en el Estado venezolano de Lara, a este hombre de 61 años, muchos le llaman “el loco de la pancarta”. El motivo: desde hace más de 30 años, este indigente inventó una forma pacífica, pública y novedosa de protestar contra la represión en los hospitales psiquiátricos. Él la llama “vanguardia psiquiátrica de liberación”, inspirándose en el reconocido psiquiatra italiano Franco Basaglia.
Por Diego Battistessa / El País
Con una pancarta hecha por él mismo, Argenis recorre todos los días la ciudad de Barquisimeto para sensibilizar sobre la condena de ser “loco y pobre”. Una “protestoterapia”, como él mismo la define, de alguien ya afianzado en la memoria colectiva que quiere romper el silencio y un patrón de indiferencia hacia la situación de violencia sufrida por quienes padecen enfermedades mentales. Un problema que viene de lejos: “La deuda histórica hacia este tema en mi país se arraiga más atrás de la revolución bolivariana”, reconoce. Y que ha empeorado en los últimos años conforme avanza la profunda crisis que vive Venezuela, que incide de manera directa en casos de depresión, ansiedad, trastornos mentales y también en la posibilidad de recibir un tratamiento adecuado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la salud mental como “un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico”. En Venezuela, la crisis que vive el país y la vulnerabilidad psicosocial dificulta el acceso a este derecho, especialmente a las mujeres, las personas mayores de 65 años, los jóvenes de 18 a 24 años y quienes tienen menor nivel educativo, según el estudio Piscodata Venezuela, publicado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello en 2023. Y pese a que el estudio muestra que la crisis económica y social venezolana, que ya dura más de una década, ha deteriorado considerablemente la salud mental de la población, este sigue siendo un tema tabú en el país suramericano.
Desde Caracas, Siboney Pérez Villalobos, psicóloga con más de 40 años de ejercicio profesional y presidenta de la ONG Psicólogos sin Fronteras Venezuela confirma la existencia del cóctel de una enorme dificultad generalizada sumado a la falta de recursos para atender a las personas con algún tipo de afectación de salud mental. Por un lado, explica Siboney, “encontramos los pacientes psiquiátricos con una enfermedad diagnosticada según la Clasificación Internacional de Enfermedades – CE11 o el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DMS-5)“. Se trata de casos donde “ya hay instalado un trastorno mental en la persona que permite catalogarla como paciente psiquiátrico y que requiere de atención médica y en algún caso de hospitalización”. Por el otro, las personas que todos los días luchan con la carga mental que emana por la incertidumbre debida a los apagones de luz repentinos, la hiperinflación (193% en 2023), la alta tasa de violencia, los enormes niveles de corrupción y la precariedad difusa: elementos que generan angustia, desesperación, depresión, desesperanza, insomnios y fatiga, entre otros.
El trauma de la migración
Los pacientes psiquiátricos requieren medicamentos de alto costo que escasean en el país (casi siempre accesibles a través de seguros y clínicas privadas) y necesitan estructuras hospitalarias adecuadas con personal sanitario formado. “Nos encontramos frente a centros de salud que carecen de mantenimiento estructural, a falta de personal especializado que en muchos casos ha dejado los hospitales o directamente el país, y donde los cupos a disposición de los pacientes para las estancias y/o tratamientos son limitados”, dice la directora de la ONG.
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