La actualización sobre derechos humanos de la Misión de la ONU en Venezuela evidenció la represión contra la disidencia por parte del chavismo.
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En octubre se firmó en Barbados un acuerdo entre oposición y oficialismo para encontrar garantías electorales. No obstante, se mantuvieron arrestos arbitrarios y procesos contra opositores.
Días después, María Corina Machado resultó ganadora de las primarias opositoras con alta votación. Sin embargo, el oficialismo promovió una investigación por “fraude” contra las elección disidente.
Luego, el TSJ, ente al servicioi del chavismo, suspendió los resultados e inhabilitó a la dirigente opositora, pese al compromiso de revisar sanciones.
Estas acciones demuestran las serias dificultades para ir a comicios con pleno respeto al derecho a la participación, previsto en pactos internacionales, según advirtió la Misión de la ONU.
A pesar del acuerdo, persisten limitaciones electorales por la actuación de autoridades afines al chavismo contra la disidencia política.
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN ONU SOBRE EL ACUERDO DE BARBADOS
En octubre de 2023 se produjeron varios acontecimientos relevantes de cara a la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio del presente año.
El 17 de octubre, el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a partidos de la oposición, suscribieron en Barbados el denominado Acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos.
Entre otros compromisos, las partes reconocieron el derecho de cada actor político a seleccionar libremente su candidato o candidata a las elecciones presidenciales, y se comprometieron a promover un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo.
Dos días después de la suscripción del Acuerdo, se levantó la prisión preventiva a cinco personas (tres hombres y dos mujeres), incluidos un periodista, un exdiputado y otras personas percibidas como opositoras, que habían sido detenidas arbitrariamente. Todas estas personas continúan enfrentando procesos penales.
Al poco tiempo, el 22 de octubre, se celebraron las elecciones primarias organizadas por la Plataforma Unitaria. La candidata del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, resultó ganadora por una amplia mayoría y con una alta votación. El 23 de octubre, un diputado de un partido afín al Gobierno pidió la nulidad de las elecciones primarias alegando fraude electoral. Dos días más tarde, el Fiscal General anunció una investigación penal contra la Comisión Nacional de Primaria y todas sus juntas regionales, incluidos tres dirigentes nacionales (dos hombres y una mujer) por diversos delitos, tales como usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir, y contra varios dirigentes regionales por delitos similares. El 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una medida cautelar suspendiendo los efectos de las primarias.
A finales de noviembre, en seguimiento al acuerdo de Barbados, las partes acordaron un procedimiento para revisar por vía judicial las sanciones de inhabilitación política decretadas por la Contraloría General de la República contra políticos de la oposición. María Corina Machado, inhabilitada por 15 años, y otras personas sancionadas presentaron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. El 26 de enero, el Tribunal ratificó su inhabilitación.
Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.