La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentará su nueva actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se refirió a la detención de Roció San Miguel, una destacada defensora de derechos humanos y experta en temas de seguridad, fue detenida sin orden judicial en la mañana del viernes 9 de febrero en el Aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto con su hija.
Los familiares y abogados de San Miguel intentaron averiguar sin éxito su paradero. Solamente el domingo 11 de febrero, en horas de la tarde, el Fiscal General reconoció en su cuenta de X la aprehensión de la defensora, sin informar sobre su paradero. Solamente el miércoles 14 de febrero las autoridades informaron que San Miguel se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la Misión. San Miguel fue vinculada por el Fiscal General a la llamada Operación Brazalete Blanco.
Mientras tanto, el sábado 10 de febrero, la hija de San Miguel, que no había sido aprehendida inicialmente en el aeropuerto, fue detenida junto con cuatro familiares y allegados de San Miguel. Todos, junto con la misma San Miguel, fueron presentados ante un juez en la madrugada del 13 de febrero, ya superado el plazo de 48 horas establecido por ley contado a partir de la detención de San Miguel.
Al momento de esta actualización oral, San Miguel y otro de los detenidos continúan en prisión preventiva, y las demás personas han sido excarceladas bajo medidas alternativas, entre las que destacan no referirse públicamente a los hechos y no abandonar el país.
Esta práctica de intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la Misión.
La Misión se pronunció sobre la detención de Rocío San Miguel, al igual que otras organizaciones de derechos humanos en Venezuela y fuera del país. También la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó públicamente su preocupación por este caso. Inmediatamente después, el 15 de febrero, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la Misión Técnica de dicha Oficina, y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país. La Misión lamenta profundamente esta decisión.
Junto con Rocío San Miguel, la Misión ha registrado los casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” que, según las autoridades, han estado buscando derrocar al Gobierno durante los últimos años.