Un ex piloto de combate encarcelado en Venezuela en febrero por sus vínculos con un destacado abogado de derechos humanos es empleado de la petrolera estadounidense Chevron, según supo The Associated Press, un arresto que se combinó con otros actos represivos recientes de la administración de Nicolás Maduro. El chavismo está poniendo a prueba los esfuerzos de la administración Biden para allanar el camino para elecciones libres y justas en el país sudamericano.
JOSHUA GOODMAN Y REGINA GARCÍA CANO || The Associated Press || Traducción libre al castellano por lapatilla.com
Alejandro González fue detenido el 9 de febrero cuando agentes de contrainteligencia allanaron su casa cerca del centro petrolero oriental de Barcelona alrededor de las 22:00 horas. La única información que su familia ha recibido proviene de una sola declaración del fiscal jefe de Maduro acusándolo de revelar secretos de seguridad nacional y obstrucción de Justicia.
“No puedo dejar de pensar que todo esto es una pesadilla y que en realidad no está sucediendo”, dijo Alexandra González, la mayor de las tres hijas de González, en una entrevista desde su casa en España. “No sabemos cómo está nuestro papá. No hemos hablado con él ni ha tenido acceso a los abogados que eligió”.
El arresto de González se produjo horas después de que su ex esposa, la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, fuera recogida en un aeropuerto en las afueras de Caracas mientras se dirigía a un viaje corto a Miami.
El fiscal general Tarek William Saab la acusó de trabajar como “espía” en una de las múltiples conspiraciones respaldadas por Estados Unidos que las autoridades afirman haber frustrado en los últimos meses.
Su hija, dos hermanos y otro exmarido, que también sirvió en la fuerza aérea, también fueron detenidos pero luego liberados en lo que funcionarios de la ONU han denunciado como una tendencia creciente de atacar a amigos y familiares de opositores al gobierno.
Chevron, la única gran petrolera estadounidense en Venezuela , dijo que el arresto de González no estaba relacionado con la empresa. En un comunicado, dijo que no haría comentarios sobre asuntos de personal.
La hija de González se burló de la idea de que su padre, quien se retiró de la fuerza aérea de Venezuela en 2011 con el rango de coronel, tuviera alguna participación en los esfuerzos por desestabilizar al gobierno. González describió a su padre como un profesional trabajador “normal” que cumplió su sueño de infancia de volar en la cabina de un F-16 y otros aviones que operó mientras servía en la fuerza aérea.
Desde que se retiró del ejército, este hombre de 57 años trabajó para Chevron y ahora ocupa un puesto directivo coordinando vuelos para sus empleados hacia y desde los cinco proyectos de perforación que la compañía opera en la nación de la OPEP junto con la petrolera estatal PDVSA. Ahora se encuentra recluido en una instalación en la capital administrada por la unidad de inteligencia militar de Venezuela.
“¿Cómo puede alguien que no ha sido oficial militar durante 13 años tener secretos de Estado?” dijo el joven González. “No tiene sentido.”
Los arrestos son parte de lo que funcionarios estadounidenses dicen que es una represión más amplia contra la disidencia que amenaza con desbaratar un acuerdo político negociado el año pasado entre los enviados de Maduro, la administración del presidente Joe Biden y una coalición de oposición respaldada por Estados Unidos para brindar garantías para las elecciones presidenciales programadas. que tendrá lugar este año.
Como parte de ese acuerdo, Estados Unidos comenzó a aliviar las sanciones petroleras , lo que permitió a Chevron realizar más intercambios de combustible con PDVSA para recuperar algunos de los préstamos impagos que le había otorgado a la compañía como parte de sus empresas conjuntas en el desarrollo de campos petroleros.
Pero las esperanzas de un campo de juego más nivelado parecen estar desvaneciéndose rápidamente.
Además del arresto de San Miguel, el máximo tribunal del país, repleto de leales a Maduro, ha impedido que la principal rival del presidente, María Corina Machado, se postule para el cargo. Y apenas esta semana, el régimen de Maduro arrestó o emitió órdenes judiciales contra nueve de los asistentes de Machado, incluido su director de campaña.
También ordenó el cierre de una oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, dando a su personal internacional 72 horas para abandonar el país, acusando al organismo de control de ayudar a los golpistas cuando pidió la liberación inmediata de San Miguel.
“Maduro no cumplirá con un acuerdo, ni con ningún acuerdo, que conduzca a su salida involuntaria de su cargo”, dijo William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, en un evento reciente en Washington organizado por el Wilson Center. “Ha calculado, correctamente, que no ganaría en un cara a cara con María Corina Machado”.
El miércoles, un panel independiente de expertos dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que el régimen de Maduro ha aumentado los esfuerzos de represión contra opositores reales o percibidos antes de las elecciones presidenciales de este año.
Marta Valiñas, jefa del panel establecido por el consejo en 2019, dijo a los diplomáticos que la abogada venezolana y sus asociados fueron detenidos en violación de las garantías básicas del debido proceso, como comparecer ante un juez dentro de las 48 horas posteriores a su detención.
“Esta práctica de intimidar con acciones criminales a familiares y amigos de personas atacadas por las autoridades responde a un patrón ya reportado en informes de misiones anteriores”, dijo Valiñas.
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero años de mala gestión y, más recientemente, sanciones estadounidenses han destruido la producción, que ha pasado de 3,5 millones de barriles por día cuando el mentor de Maduro, Hugo Chávez, asumió el poder en 1999, a menos de 820.000 barriles por día en Febrero: cerca del nivel más bajo en décadas.
Chevron ha estado operando en Venezuela desde la década de 1920 y permaneció en el país incluso después de que varios de sus competidores huyeron de disputas y amenazas de confiscación por parte de Chávez.
San Miguel es una abogada que dirige una pequeña organización sin fines de lucro que monitorea a las fuerzas de seguridad de Venezuela.
A diferencia de muchos otros críticos del chavismo que han huido en los últimos años, ella se ha quedado en el país en problemas, centrándose menos en presionar al gobierno de Maduro que en explicar la politiquería a menudo invisible dentro de los cuarteles.
Saab, durante una conferencia de prensa televisada a nivel nacional, dijo que las autoridades también tenían constancia de “pagos en dólares de una transnacional petrolera” a San Miguel para un “análisis ambiental” en temas militares. No mostró copias de los pagos ni identificó a la empresa que supuestamente pagó a San Miguel.
González dijo que su padre no ha hablado con San Miguel en casi un año y dijo que el matrimonio de la pareja terminó en un amargo divorcio en 2023.