La policía peruana allanó este sábado la casa y el despacho presidencial de Dina Boluarte, quien alegó ser víctima de un “ataque sistemático” en medio de la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.
Boluarte está en el centro del escándalo por unos relojes Rolex que no habría declarado dentro de sus bienes.
Sorpresivamente, un grupo de uniformados y fiscales irrumpió en la madrugada en su vivienda del este de Lima, tras derribar la puerta con una barra de hierro.
En el marco de la misma diligencia, también ingresó al palacio de gobierno para registrar el despacho de Boluarte, quien estuvo presente durante el operativo.
“La medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva”, dijo Boluarte en un mensaje a la nación.
Las autoridades realizaron los registros en busca de los relojes de lujo, cuya procedencia la mandataria no ha esclarecido.
Aunque la fiscalía no ha revelado si halló las joyas u otra evidencia, la defensa de Boluarte aseguró que los policías encontraron unos relojes durante los operativos.
“No se los llevaron, se constató y tomaron fotografías. Eran aproximadamente 10, dentro de ese número había algunos relojes bonitos, pero no puedo decir cuántos eran marca Rolex”, señaló el abogado Mateo Castañeda a la radio RPP.
Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, comenzó a ser investigada el 18 de marzo por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.
“La presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia y el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica”, denunció la mandataria de 61 años.
Sin aclarar
Sin embargo, Boluarte evitó, por “recomendación de su abogado”, referirse públicamente al llamado caso Rolex hasta que pueda declarar ante la fiscalía, diligencia que está prevista para el viernes 5 de abril.
La mandataria insistió en su mensaje que es víctima de un “ataque y acoso sistemático”, a partir de “noticias tendenciosas y falsas”.
Aun así, “asistiré a la fiscalía para declarar sobre los relojes. No soy corrupta ni ladrona”, remarcó.
Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del fiscal de la nación.
En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.
Este sábado, 26 de los 130 congresistas de la bancada de izquierda, entre ellos la del partido al que perteneció Boluarte, presentaron una “moción de vacancia” contra la presidenta ante las directivas del parlamento.
Para que sea llevado a debate, antes debe ser aprobado por medio centenar de legisladores la semana entrante.
En el tiempo que lleva en el poder, la izquierda parlamentaria presentó dos mociones exigiendo la destitución de Boluarte. Ninguna fue admitida a debate por la mayoría derechista del Congreso.
Otras investigaciones
El escándalo por los Rolex estalló tras un reportaje del programa periodístico “La Encerrona” a mediados de marzo.
El medio reveló que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.
El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió la presidencia.
A raíz del escándalo, la Contraloría de la República anunció que revisaría nuevamente las declaraciones de bienes que Boluarte presentó los dos últimos años en busca de algún eventual desbalance patrimonial.
La fiscalía ya investiga a Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en un caso abierto el año pasado por la muerte de más de 50 ciudadanos “durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023”.
Con una popularidad de apenas 10% en las encuestas, la presidenta peruana carece de bancada propia en el Congreso.
Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió la primera magistratura el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyera al presidente izquierdista Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto. AFP