Los datos revelan una diversificación de las modalidades de hostigamiento implementadas, como, en mayor confiscación de equipos o cierres de medios, o imposiciones o sanciones para lograr coacción contra los medios y periodistas
La organización por los derechos humanos y la libertad de expresión, Un Mundo Sin Mordaza, presentó el informe Anual de Libertad de Expresión 2023 donde documentó las graves violaciones sistemáticas en Venezuela durante el 2023.
Un Mundo Sin Mordaza recopiló 381 denuncias registradas por distintas organizaciones aliadas como Espacio Público, Sala 58, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (Sntp) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), VE Sin Filtro, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre otras.
El año pasado se registraron 33 detenciones arbitrarias por parte del Ministerio Público, en un 75,8% contra civiles y un 24,2% contra trabajadores de prensa.
Un patrón identificado fue despojarlos de dispositivos y obligarlos a borrar contenidos críticos antes de liberarlos, en una clara práctica de censura.
Asimismo, se documentaron 118 casos de amenazas, hostigamientos y agresiones físicas y psicológicas contra periodistas y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión, en su mayoría (86,4%) dirigidas contra trabajadores de prensa. Las modalidades incluyeron intimidaciones y campañas de descredito en redes sociales por parte de funcionarios públicos, persecuciones, confiscación de equipos, entre otras graves acciones.
En los medios de comunicación tradicionales se registraron 22 casos de arbitrarias sanciones administrativas por parte de Conatel, cierres forzados de programas críticos al gobierno, confiscación ilegal de equipos y censura intencional, afectando principalmente a radioemisoras comunitarias e independientes. Mientras que en el entorno digital se documentaron 12 casos de bloqueos de portales web y redes sociales de medios a través de distintos métodos de restricción.
Sobre las obligaciones de garantía y aseguramiento del derecho a la libertad de expresión, el informe destaca las graves deficiencias en la prestación de servicios públicos básicos que obstaculizan de manera determinante su ejercicio efectivo: con 44 casos de prolongados cortes y fallas en los servicios eléctricos y de conexión a internet en distintas regiones del país, principalmente por las fallas recurrentes en las empresas estatales Cantv y Corpoele.
Además, se evidenció el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza pública para reprimir las 4.351 protestas pacíficas registradas en el primer semestre de 2023, lo cual constituye una violación flagrante al derecho de expresión y reunión.
Ley contra el Fascismo
Alonso Domínguez, director general de la ONG, considera que Ley contra el Fascismo es instrumento constituye un peldaño distinto en el que se criminaliza en términos generales la libertad de expresión que se ejerce en cualquier ámbito de la sociedad.
Además, expresó una gran preocupación Ley contra el Fascismo, porque incide en la autocensura no solo de los medios de comunicación sino de la ciudadanía y busca que la ciudadanía siente más temor en pronunciarse.
Primaria de 22 de octubre
El informe dedica una sección especial para documentar las graves violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información pública ocurridas durante las elecciones primarias opositoras realizadas el 22 de octubre de 2023 en Venezuela.
Se constató una cobertura mediática abiertamente desproporcionada y sesgada en los principales medios de comunicación públicos y privados durante los meses previos al proceso electoral. Mientras las opciones oficialistas acapararon el 82,5% del tiempo y espacios, la visibilidad de los candidatos opositores se limitó a un escaso 17,5%.
El mismo día de las votaciones primarias, los principales canales de televisión abierta y medios estatales ignoraron por completo este hecho de trascendental interés nacional, omitiendo cualquier tipo de cobertura informativa sobre el desarrollo del proceso comicial opositor.
En redes sociales, portales web y plataformas digitales que intentaban realizar una cobertura alternativa del evento electoral se registraron graves obstáculos y bloqueos. Sumado a prolongados cortes de los servicios públicos de internet y energía eléctrica en distintas zonas, lo cual dificulta el flujo de información.
El Informe Anual de Libertad de Expresión 2023 de Un Mundo Sin Mordaza representa un urgente llamado de atención sobre la gravísima y sistemática crisis que atraviesa este derecho fundamental en Venezuela. El exhaustivo monitoreo y la data recopilada evidencian un patrón estructural de violaciones, políticas represivas, censura, bloqueos y obstrucción al libre flujo informativo por parte de los cuerpos de seguridad e instancias gubernamentales.
Nuevo modus operandi estatal contra periodistas
Los datos analizados muestran un aumento de las detenciones arbitrarias a periodistas y ciudadanos, así como de las citaciones de investigación por parte del Ministerio Público durante el presente año. Esto se debió, en gran medida, a la adopción de un nuevo modus operandi estatal consistente en no intimidar directamente a los medios, sino centrarse en amedrentar a sus trabajadores. Asimismo, se crearon mecanismos para desincentivar la efectividad de las protestas.
En 2023 se documentaron 25 casos de detenciones que representaron el 75,8% del total siendo el 24,2% restante citaciones de investigación específicamente por el Fiscal General u órganos del Ministerio Público.
Bloqueos a redes sociales y páginas web de medios de comunicación
Durante el 2023 se registraron 12 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales, donde el Estado utilizó medios directos como sanciones administrativas que causan bloqueos por parte de Cantv, o indirectos a través de ataques cibernéticos o falsas denuncias en redes sociales como Twitter que generan el cierre de las cuentas de los usuarios relacionados, donde solo es posible acceder a ellas mediante el uso de VPN en el caso de los bloqueos HTTP .
Asimismo, la ONG VE SIN Filtro en su Reporte 2022-2023 sobre Derechos humanos digitales en Venezuela destacó 71 casos de sitios web bloqueados y 100 URLs o dominios bloqueados con un total de 472 el total de eventos de bloqueos incluidos los diferentes bloqueos aplicados o por cada ISP.
– Bloqueos DNS: Los bloqueos DNS son los más comunes. Se producen cuando el gobierno modifica la configuración de los servidores DNS de los ISP para que estos no dirijan a los usuarios a los sitios web bloqueados.
– Bloqueos HTTP/HTTPS: Los bloqueos HTTP/HTTPS se producen cuando el gobierno bloquea el tráfico HTTP o HTTPS a los sitios web bloqueados.
– Bloqueos TCP/IP: Los bloqueos TCP/IP son los más difíciles de superar. Se producen cuando el gobierno bloquea el tráfico TCP o IP a los sitios web bloqueados
Los bloqueos de sitios web tienen un impacto significativo en las conexiones de los usuarios. Los bloqueos DNS pueden causar que los usuarios no puedan acceder a los sitios web bloqueados en absoluto. Los bloqueos HTTP/HTTPS pueden causar que los usuarios puedan acceder a los sitios web bloqueados, pero con una velocidad reducida o con errores.
Las VPN (redes privadas virtuales) pueden ayudar a los usuarios a acceder a sitios web bloqueados. Las VPN funcionan creando un túnel seguro entre el dispositivo del usuario y un servidor remoto. Este túnel cifra el tráfico del usuario, lo que dificulta que el gobierno lo bloquee.
Los bloqueos de páginas web ordenados unilateralmente por el Estado impactan negativamente diversos derechos de los ciudadanos venezolanos más allá del acceso a la información. También dificultan el pleno ejercicio del derecho a la educación y el desarrollo del conocimiento, en tanto limitan las fuentes de consulta a las que pueden acceder estudiantes e investigadores. Asimismo, representan obstáculos al derecho de asociación y a desarrollar diversas actividades laborales en un entorno digital.
Esta práctica de censura a través de cortes unilaterales de sitios web en internet contradice los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
En resumen, el informe pone de manifiesto el incumplimiento sistemático por parte del Estado venezolano de sus compromisos internacionales en esta materia, con graves consecuencias sobre el goce efectivo de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información.
En vista de todo ello se recomienda al Estado venezolano:
– Abstenerse de criminalizar y cometer arbitrariedades en el ejercicio de los periodistas, trabajadores de prensa, reporteros gráficos y población en general por el disfrute de sus derechos a expresarse y acceder libremente a la información.
– Dotar de garantías administrativas reales al momento de dar y renovar las concesiones o permisos de transmisión a los medios de comunicación, dando especial atención a los medios de radiodifusión.
– Detener el asesinato, persecución, amenazas, hostigamiento, violencia o represalias por la manifestación de ideas y opiniones a través de las redes sociales o en el ejercicio de la labor periodística.
– Cesar la persecución e intimidación a ciudadanos por la divulgación de información, opiniones, posturas, ideas y demás métodos de expresión.
– Velar por la integridad y la seguridad personal de cualquier persona, en especial comunicadores sociales que se encuentren ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, mediante la debida investigación y sanción de cualquier hecho de violencia proveniente de funcionarios públicos o particulares.
– Detener la censura administrativa impartida por los órganos de la administración pública sin fundamentación de derecho y violando los principios y criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en referencia al tema.
– Implementar modificaciones legislativas a efectos de compatibilizar, en el marco de la aplicación de controles convencionales, la legislación nacional con estándares de derechos humanos, haciendo especial énfasis aquellos casos que versen sobre sanciones que imponga la administración pública a periodistas Y medios de comunicación, siendo necesaria para la ejecución sancionatoria el respaldo de un juzgado con garantía de doble instancia y cosa juzgada.
– Derogar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, ya que es un instrumento normativo inconveniente y que busca criminalizar la libertad de expresión.
– Garantizar el acceso a internet de manera libre y sin restricciones o bloqueos, para así permitir un mayor acceso a la información sobre cualquier tema. Cumplir con las obligaciones generales y específicas que se desprenden del PIDCP y de la CADH en torno al respeto, garantía y adopción de disposiciones de derecho interno.
– Cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales, en torno a la libertad de expresión y acceso a la información.