Fiscal del caso Ruby, indagada por no revelar fuente sobre vínculo de Berlusconi y mafia

Fiscal del caso Ruby, indagada por no revelar fuente sobre vínculo de Berlusconi y mafia

Silvio Berlusconi fue primer ministro y uno de los hombres más ricos de Italia (REUTERS/Tony Gentile/Archivo).

 

La exfiscal Ilda Boccassini, encargada del caso Ruby, por el que se juzgó a Silvio Berlusconi de incitación a la prostitución de menores por sus famosas fiestas con jóvenes, está siendo investigada por no revelar la fuente de una filtración sobre las relaciones entre la mafia y el ex primer ministro italiano, fallecido en junio pasado.

 

Boccassini, jubilada hace cinco años como ‘número dos’ de la Fiscalía de Milán (norte), es una reconocida fiscal que ha investigado, entre otros, los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992 y que formó parte del grupo de fiscales que destapó la corrupción política del país en la operación ‘Manos Limpias’ hace tres décadas.

 

La Fiscalía de Florencia (norte) le ha notificado ahora que se la indaga por el delito de dar “falsa información” a la justicia, ya que el en 2021, cuando fue interrogada en el marco de una investigación sobre las matanzas mafiosas de 1993, no dijo quién había filtrado a la prensa las revelaciones de un arrepentido de la mafia, informaron este miércoles medios locales.

 

La información se remonta a 1994, cuando La Repubblica publicó una primicia del periodista Giuseppe D’Avanzo, fallecido en 2011, con las revelaciones del arrepentido mafioso Salvatore Cancemi sobre los supuestos flujos de dinero existentes entre la mafia y Berlusconi.

 

Los fiscales florentinos, que en 2021 investigaban a Berlusconi como hipotético “instigador externo” de las matanzas mafiosas de 1993 en Florencia, Milán y Roma, alegan que Boccasini escribió en su libro “La habitación número 30” que D’Avanzo le había revelado, poco antes de su muerte, quién era la fuente de la información, pero sin citarla.

 

Sin embargo la fiscal se negó a facilitarla a sus colegas y fue acusada de violar el artículo 371 bis del Código penal, que establece penas de prisión de hasta cuatro años para quien “requerido por el fiscal para que facilite información a efectos de una investigación, haga declaraciones falsas u oculte, en todo o en parte, lo que sabe sobre los hechos acerca de los cuales está siendo escuchado”.

 

A finales de abril, los dos magistrados enviaron a Boccassini la notificación de conclusión de la investigación que suele preceder a la solicitud de apertura de juicio, según las mismas fuentes.

EFE

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