«Entre los principales desafíos que tiene hoy la humanidad está la emergencia climática y el auge del fascismo». Con estas palabras la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez justificó la presentación ante la Asamblea Nacional (AN) del proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, un instrumento que dijo que busca garantizar la «tranquilidad y paz» e impedir que las expresiones políticas de «extrema derecha» tomen el poder político.
Acceso a la Justicia realizó una revisión de un borrador que ha circulado por las redes sociales, así como la exposición que hizo la vicepresidenta Rodríguez ante los diputados; en su documento titulado Cuando la ley se mira en el espejo de su propia condena presentó nueve fallas y peligros que encontró en el texto y que resumimos a continuación.
1. Opacidad
El proyecto de ley no ha sido difundido oficialmente ni por el Gobierno, ni mucho menos por la AN. En el sitio web del Parlamento apenas se puede encontrar una nota de prensa, en la cual se anuncia que el instrumento fue aprobado en primera discusión el pasado 2 de abril.
Esta práctica se ha vuelto habitual en el Poder Legislativo, a pesar de que la Constitución, en su artículo 211 les ordena a los diputados que «durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes» se celebren consultas públicas, en las que participarán los sectores interesados y la sociedad civil.
Por su parte, el artículo 101 del Reglamento de Interior y de Debates de la AN estipula que el Parlamento debe difundir previamente todo el material sobre un borrador antes de celebrar dichas consultas, pues es difícil opinar sobre algo que no se conoce.
2. Los derechos humanos como excusa
En este texto se repite, como se ha visto en otros proyectos de leyes, la tendencia de apelar a conceptos como «derechos humanos», «democracia», «no discriminación» o «garantía plena del debido proceso y del derecho a la defensa» para justificar determinadas decisiones.
La reiterada invocación de los derechos humanos en una norma de nada sirve si los responsables de hacerla cumplir no hacen su tarea o si, por el contrario, emplean el instrumento para vulnerarlos.
3. Reforzando un patrón
«Esta ley viene a complementar la Ley de Partidos Políticos y la Ley constitucional contra el Odio», admitió Rodríguez. El señalamiento ya da motivos para alarmarse, pues desde su aprobación a finales de 2017, la cuestionada Ley contra el Odio ha sido empleada para encarcelar a decenas de personas por expresar ideas u opiniones e incluso bromear, algo que ha deteriorado aún más el ejercicio de la libertad de expresión en el país, como ha denunciado la Misión Independiente Internacional de Determinación de los Hechos para Venezuela.
No obstante, a juicio de Acceso a la Justicia el proyecto contra el fascismo va más allá, pues precisa tipos específicos de ideas a perseguir y cuáles expresiones de las mismas son punibles, limitando aún más la ya ampliamente restringida libertad de expresión en Venezuela. El texto no solo restringe la difusión de determinados contenidos, sino el ejercicio del derecho a la manifestación.
Por último, agrega nuevos órganos sancionadores, pues le otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) más poderes para anular partidos y faculta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para inhabilitar a candidatos.
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