Un porcentaje importante de las leyes que la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado en 2023 ha terminado en el limbo porque no han sido publicadas aún en la Gaceta Oficial, por lo tanto, técnicamente no han entrado en vigor ni se puede exigir su cumplimiento ni a las autoridades ni a los ciudadanos.
El año pasado, el Parlamento venezolano aseguró haber dictado 14 instrumentos legislativos, pero una revisión realizada por Acceso a la Justicia de la lista de textos arrojó que 4 de ellos no han sido sometidos al último trámite para considerar que en realidad están vigentes. La cifra supone el 28,57 % del total.
El artículo 215 de la Constitución de 1999 es claro al señalar que «la Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “cúmplase” en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela». Por su parte, el artículo 1 del Código Civil establece que «la Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha a posterior que ella misma indique». Algo similar estipula la Ley de Publicaciones Oficiales, cuyo artículo 10 señala que «las leyes y demás actos jurídicos del Estado de efectos generales entrarán en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela».
Una tendencia preocupante
La revisión realizada por Acceso a la Justicia arrojó que los textos cuya suerte se desconoce son la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, sancionada el 26 de julio de 2023; la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y de Turquía relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, sancionada a finales de septiembre de 2023; la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del Año 2024; y la Ley Especial de Endeudamiento Anual, ambas sancionadas el 14 de diciembre.
Hasta el momento no se ha informado si el presidente Nicolás Maduro vetó parcial o totalmente alguno de los instrumentos, o si por el contrario los promulgó (para lo cual tiene 10 días a partir de su recepción), pero por alguna causa los mismos no han sido enviados al Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo) para su publicación en el diario oficial del Estado, o si los recibió se desconocen las razones por las cuales estas Gacetas no son públicas. En el caso de la Ley aprobatoria del acuerdo en materia de inversiones entre Venezuela y Turquía, queda a discreción del Ejecutivo el momento de su promulgación según lo dispone el artículo 217 de la carta magna, no así en los otros casos.
El último escenario planteado ya se ha producido en el pasado. La Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora fue sancionada por la AN el 11 de octubre de 2022; sin embargo, su publicación en la Gaceta Oficial no se produjo sino hasta el 29 de noviembre de 2023, es decir, que entró en vigor más de 13 meses después.
Los retrasos en la publicación de las leyes que el Parlamento sanciona se registran desde hace años, y aunque en 2023 el número de normas de las que se perdió la pista tras ser aprobadas por los diputados fue menor al registrado en el período previo, cuando ocho de esos instrumentos jurídicos corrieron esta misma suerte, lo cierto es que esta práctica y sus peligrosos efectos se mantienen vigentes.
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