A medida que se aproxima la elección presidencial en Venezuela, la tensión en el ambiente político se intensifica, revelando claros indicios de que el régimen de Nicolás Maduro no tiene la intención de ceder el poder pacíficamente. Se han tomado acciones contra los seguidores de María Corina Machado y se han lanzado ataques de descrédito contra el candidato opositor y los dirigentes de las fuerzas democráticas.
En este contexto político, la venta forzosa de la compañía petrolera CITGO —un activo estratégico para la economía y la geopolítica de Venezuela— por parte de una corte federal estadounidense, antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, favorecería al régimen bolivariano. Esto sirve para desarrollar una narrativa que cuestiona no solo la legalidad internacional, sino también la legitimidad y el patriotismo venezolano. El relato del “robo” de CITGO por parte del imperialismo yanqui, bajo la mirada de los dirigentes de la oposición venezolana, buscaría resaltar el nacionalismo dentro de la fuerza armada y las bases chavistas que hoy no apoyan a “Super Bigote” para su reelección.
La corte federal de Delaware ha estado aceptando ofertas vinculantes para acciones en la empresa CITGO Petroleum como parte de un caso que involucra a 18 acreedores que buscan compensación por expropiaciones realizadas e incumplimientos de pago de deuda durante la administración Chávez-Maduro. Las reclamaciones totales ascienden a 21.300 millones de dólares.
En el relato del “robo”, la Banda de los Cinco etiqueta a varios dirigentes de la oposición —Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges y la casta de apellidos— como “neofascistas”, adoptando un tono de confrontación ideológica extrema que trasciende la mera arena política para tocar la fibra de la identidad nacional y la soberanía.
Además, el señalamiento de los implicados como “traidores a la patria” es una de las acusaciones más graves que se pueden hacer en cualquier contexto político. Esto no solo busca judicializar a los individuos, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de colaborar con fuerzas que el régimen de Maduro considera hostiles.
Las apropiaciones durante el gobierno de Hugo Chávez han dejado una estela de deudas internacionales que han resultado en numerosos juicios en Estados Unidos, especialmente contra PDVSA y la República de Venezuela. Estas deudas no son solo cifras en los libros contables; representan compromisos no cumplidos que han complicado la relación entre el Estado y sus acreedores internacionales, colocando al país con una calificación de alto riesgo en los mercados financieros globales.
El próximo 15 de julio, se llevará a cabo una audiencia pública en el Tribunal de Delaware para determinar el ganador del proceso de subasta de las acciones de PDV Holding, dueña de CITGO. Con las ofertas finales recibidas la semana pasada, el resultado de esta audiencia podría sellar el destino de la filial de PDVSA en Estados Unidos y, por ende, influir en el panorama político venezolano.
El impacto político de esta subasta, que permite ofertas de crédito, no puede subestimarse. Mientras la atención de los medios se centra en CITGO, el régimen de Maduro utiliza la narrativa del “ROBO” a su favor, presentando a la oposición como incapaz de proteger los intereses nacionales. Esta posverdad buscaría consolidar su base y desviar la atención de la baja popularidad de Maduro.
En consecuencia, el régimen propone la movilización de un movimiento de unión nacional para defender CITGO, representando la lucha más amplia de Venezuela por mantener control sobre sus activos en el extranjero, que son vistos no solo como recursos económicos, sino como partes integrales del patrimonio nacional. Esta perspectiva subraya la narrativa de resistencia contra lo que perciben como intervenciones imperialistas y la traición por parte de la oposición.
Sin embargo, es todo lo contrario. Desde enero de 2019, las administraciones estadounidenses han reconocido a la Asamblea Nacional de Venezuela y a sus presidentes, Juan Guaidó y Dinorah Figuera, como los legítimos representantes del pueblo venezolano. Para mantener el control venezolano sobre CITGO, en octubre de 2019, el gobierno de Trump tomó la decisión política de protegerla de ser embargada por acreedores —los tenedores de los bonos PDVSA 2020, resultantes de la operación swap del bono PDVSA 2017 bajo la administración de Maduro—.
Una medida que, aunque temporal, ha permitido el dominio venezolano sobre la empresa. Sin embargo, la protección no es una solución a largo plazo y pone de manifiesto la precaria situación financiera del régimen de Maduro por el saqueo del país, cuya deuda externa total excede en más de quince veces el valor estimado de CITGO (11 mil millones a 13 mil millones de dólares).
Desde que la nueva administración de PDV Holding, nombrada por el interinato, asumió la administración de CITGO, inició una serie de reformas para sanear la gestión de la PDVSA roja, rojita marcada por la corrupción y la mala gestión. La compañía ha sido rentable, generando 4.800 millones de dólares en ganancias netas durante los últimos dos años y procesa hasta 807.000 barriles de petróleo por día.
A pesar de estos esfuerzos, la espada de Damocles sigue pendiente sobre la empresa, con la amenaza de que pueda ser subastada para pagar a los acreedores si se mantiene la independencia del poder judicial.
Por lo tanto, el futuro de CITGO y su control es incierto. La administración de Biden ha continuado protegiendo a CITGO. Una comunicación del Fiscal General y el Secretario de Estado de Estados Unidos podría retrasar la audiencia final y evitar que la subasta se convierta en una narrativa en la campaña electoral presidencial.
A tal punto que serviría para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechace un supuesto “entreguismo” al imperialismo, proclamando el amor por la patria y reforzando el marco de defensa nacional y soberanía. Lo que permitiría una alineación militar con el actual régimen, crucial para seguir en Miraflores.
En conclusión, el caso de CITGO no es solo una cuestión de activos y legalidades. Representa una oportunidad para la administración Biden de apoyar a la oposición democrática. Las decisiones tomadas en Washington, Caracas y en las cortes de Estados Unidos tendrán repercusiones no solo para los balances de CITGO, sino para el pueblo venezolano y su futuro económico y político. La situación de CITGO demuestra que en la geopolítica moderna, los activos económicos son tanto herramientas de negociación como de influencia, y su manejo requiere una mezcla delicada de astucia política y prudencia económica. Es vital que la administración Biden y las decisiones judiciales consideren estas implicaciones y busquen posponer la subasta del mayor activo estratégico para la economía y la geopolítica de Venezuela en el exterior.
Si hubiese sido por el régimen de Maduro, CITGO no estaría en manos de los venezolanos. Los dueños serían los tenedores del bono PDVSA 2020 desde hace 5 años.