Bélgica, actual presidencia del Consejo de la Unión Europea, sigue intentando vencer las reticencias de algunos Estados miembros para apoyar una propuesta legislativa que obligará a las empresas de internet a detectar, informar y eliminar todo contenido que incluya abusos sexuales a menores.
El asunto se iba a abordar este jueves, a diez días del final de la presidencia europea, en una reunión de los embajadores permanentes de los países ante la Unión Europea (el llamado Coreper).
Sin embargo, a última hora fue retirado de la agenda tras quedar constancia de que no existe aún la mayoría cualificada (es decir, el 55 % de los países que representen al menos el 65 % de la población) necesaria para sacar adelante la propuesta, indicaron fuentes diplomáticas.
El asunto seguirá siendo objeto de consultas “en una atmósfera serena”, añadieron las fuentes, que recordaron que este dossier es una de las prioridades para los países de la UE.
“El trabajo continuará para encontrar una posición y empezar las negociaciones con el Parlamento Europeo”, añadieron.
El reglamento de Bruselas plantea obligar a una revisión de las comunicaciones privadas para ver las imágenes enviadas por ejemplo a través de Signal o Whatsapp para poder detectar los casos de riesgo.
La propuesta ha suscitado las críticas de muchas plataformas tecnológicas y de los defensores del derecho a la privacidad, que argumentan que hay riesgo de caer en una vigilancia masiva.
Algo que se apresuró esta noche a desmentir la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
“Permítanme aclarar una cosa sobre nuestro proyecto de ley para detectar el abuso sexual infantil en línea (…) Nuestra propuesta no rompe el cifrado. Nuestra propuesta preserva la privacidad y cualquier medida que se adopte debe estar en consonancia con las leyes de privacidad de la UE”, dijo Jourová en la red social X.
La semana pasada, los ministros de Interior de la UE fracasaron en el intento de llegar a un acuerdo sobre una propuesta de reglamento, presentada en 2022 pero que plantea preocupaciones a algunos Estados miembros relacionadas con la protección de la privacidad.
Lo que se buscaba hoy era un “mandato parcial” del Consejo (países de la UE), que permita establecer ya las obligaciones de las empresas de internet para detectar, informar y eliminar el material de abusos sexuales a menores.
Las mismas fuentes precisaron que el mandato sería parcial porque aunque el reglamento prevé la creación de un nuevo centro europeo para apoyar a las autoridades que actúan sobre informes de abuso sexual infantil y recopilar e intercambiar conocimientos y mejores prácticas, esto se está excluyendo de la discusión por el momento.
El principio que recoge la normativa en cuestión bautizado como “control de chats” consiste en transformar los teléfonos inteligentes para imponer la vigilancia de las comunicaciones privadas mediante algoritmos, explica el diario belga “Le Soir”.
Según otras fuentes, el “control de chats” es algo que algunas empresas ya practican y que está plenamente controlado por las multinacionales privadas, mientras que con la futura legislación ese escaneado de las comunicaciones se supervisaría.
El asunto ha puesto también en pie de guerra a 80 ONG, que afirman que el reglamento no respeta las normas europeas sobre vigilancia masiva y creen que se podría denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Muchos críticos con la normativa también señalan el carácter ineficaz de la medida ya que, por ejemplo, un algoritmo no podría diferenciar entre una foto de pornografía infantil y un “selfie” intercambiado de forma consensuada entre menores, que sería enviado sistemáticamente a las autoridades.
EFE