El expresidente independentista catalán Carles Puigdemont presentó este martes una querella por delitos de prevaricación y malversación contra el juez que investiga la posible vinculación de Rusia con el independentismo catalán, Joaquín Aguirre, al que acusa de investigar ilegalmente esa supuesta conexión usando fondos públicos.
Puigdemont, junto a su asesor Josep Lluís Alay y su abogado Gonzalo Boye -ambos imputados en esa causa-, piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que correspondería instruir la querella, que investigue al magistrado y, mientras tanto, le aparte cautelarmente de la causa.
El motivo de la querella es la pieza separada del caso general que el magistrado abrió el pasado 21 de junio para reactivar las pesquisas sobre la supuesta intervención rusa -en la que plantea indicios para imputar a Puigdemont por un delito de traición-, apenas semanas después de que la Audiencia de Barcelona le impidiera seguir investigando el caso al anular las dos últimas prórrogas.
La querella sostiene, de hecho, que el juez decidió abrir una investigación por traición que tenía en el punto de mira a Puigdemont ya en noviembre de 2023, en plenas negociaciones para aprobar la ley de amnistía, con el único fin de impedir que el expresidente catalán pudiera beneficiarse de ella.
Puigdemont está fuera de España desde 2017, huido de la justicia tras el fracaso del proceso independentista catalán, y está pendiente de ser amnistiado, aunque ayer mismo, el Tribunal Supremo rechazó su amnistía, por lo que está pendiente de recursos a otras instancias superiores.
El expresidente catalán sostiene además en la querella de hoy que el juez empleó un mecanismo “ilegal” para abrir la nueva pieza separada, “burlando” así la resolución de la Audiencia de Barcelona, “con el ánimo de prevaricar, de torcer el derecho” y para satisfacer “su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre“.
La Audiencia de Barcelona, en una resolución del pasado 4 de junio, impidió al juez Aguirre seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo catalán en Rusia en busca de apoyos, después de meses de investigación sin resultados.
Pero días después Aguirre abrió la nueva pieza cuestionada ahora por Puigdemont, en la que lo implica por los delitos de malversación y alta traición, este último excluido de la amnistía aprobada por el Parlamento español para los implicados en el proceso independentista.
Esta nueva causa abierta, según los querellantes, supone un “sinfín de gastos ilícitos para las arcas públicas“.
“Destinar dinero público a actividades ilícitas, por más que en su autor no se dé un enriquecimiento personal, conlleva necesariamente un ánimo de lucro“, subrayan los querellantes, haciendo suyos los argumentos del Supremo en la causa que condenó por malversación a los políticos implicados en el proceso independentista.
Los querellantes insisten en que el juez genera un gasto público “ilegal” al designar a funcionarios de la Policía Nacional para investigar un caso que la Audiencia le había impedido seguir indagando.
Puigdemont solicita al TSJC que aparte de forma inmediata al magistrado de este caso para evitar que siga “instrumentalizando” la causa y tome “represalias” contra los querellantes y los demás investigados. EFE