El gobierno venezolano enfrenta su prueba electoral más difícil en décadas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que podrían dar al presidente Nicolás Maduro otros seis años en el poder, o poner fin a las autodenominadas políticas socialistas que alguna vez impulsaron con éxito los programas contra la pobreza, pero cuya continua mala administración empujó después al país a una persistente crisis económica.
Por: AP
Durante años, los políticos de oposición boicotearon las elecciones, debido a que consideraban que estaban amañadas, pero a medida que se desvanece la popularidad del gobierno, los antiguos rivales se han unido en un intento de cambiar el gobierno desde las urnas.
Una participación de millones de personas en las primarias de la oposición, las encuestas y los grandes mítines políticos indican que la coalición Plataforma Unitaria Democrática cuenta con un importante apoyo entre los votantes. Sin embargo, tendrá que superar las ventajas que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ha incorporado al sistema, las cuales van desde imponer límites a las campañas de la oposición hasta ejercer un estrecho control gubernamental sobre el proceso electoral. Además, muchas personas dudan que los votos se cuenten con imparcialidad.
Este es un vistazo a cómo se vota en Venezuela:
¿LAS ELECCIONES SON JUSTAS?
El gobierno de Maduro prometió permitir que los líderes de oposición compitan en la elección, pero sigue inclinando fuertemente la balanza, como cuando declaró que las primarias de la oposición eran ilegales e impidió que su líder más popular estuviera en la boleta.
Observadores de la Unión Europea señalaron que las elecciones regionales recientes habían sido “las más equilibradas en 20 años”, pero dijeron que los candidatos progubernamentales tuvieron ventajas como la financiación estatal y el acceso preferente a la gasolina, lo que facilitó sus campañas en medio de la escasez generalizada. Al igual que en elecciones anteriores, los organizadores del partido en el gobierno también repartieron alimentos y otros beneficios controlados por el Estado a cambio de votos en puntos de control ubicados cerca de los centros de votación.
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