Luego de tres años y seis meses de la tragedia ocurrida en la población Caño de Los Becerros, municipio Piar, al norte del estado Monagas, los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin recibir respuesta por parte del Estado.
Jefferson Civira / Corresponsalía lapatilla.com
El abogado defensor de los afectados, Luis Díaz, hizo un resumen de cómo ha sido el proceso a lo largo de este tiempo tras las explosiones de las bombonas de gas. A pesar de haber entregado documentos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en la región, ninguno de estos organismos se ha pronunciado al respecto.
“No hay un ente público que no conozca de esta situación. Pese a esto, cuando nos abocamos dándole una tregua en el primer año para que la Fiscalía se pronunciara y nos informara sobre esta situación, nos encontramos con la gran sorpresa de que el procedimiento estaba lento y no habían dado los pasos pertinentes. Por tal motivo, nos trasladamos a Caracas y llevamos documentación a la Fiscalía General y al Cicpc”, explicó el abogado.
Fue a través del cuerpo detectivesco que se envió una comisión de criminalística, que hizo las investigaciones en la población donde ocurrió la tragedia. Sin embargo, señaló que aún falta el acto conclusivo de la Fiscalía del estado Monagas, donde se determinen las responsabilidades, pues no han querido actuar contra la empresa Gasmaca, porque están tratando de agotar la vía de la mediación y de este modo puedan lograr su objetivo.
Indicó que en todo este tiempo, no ha habido ningún tipo de indemnización a las personas afectadas, ya que los sobrevivientes quedaron con marcas de por vida e impedidos de poder trabajar. En ciertos casos, algunas personas han comenzado a perder la vista, debido a los efectos que con el tiempo han desarrollado y que al no tener un tratamiento, empeoran.
“Nosotros no podemos lavar a mano, no podemos agarrar sol, estar mucho tiempo parados, tenemos la piel demasiado sensible. Tenemos que usar un protector solar, por lo menos yo uso un protector solar mayor de 50 y, como bien es sabido, los productos dermatológicos son muy costosos y cómo los compramos si no podemos trabajar”, se preguntó Diana Díaz, una de las sobrevivientes de la tragedia.
No obstante, los afectados afirmaron que continuarán su lucha para que el Estado responda por lo ocurrido por tratarse de una empresa estatal la involucrada en el hecho.