En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de víctimas y organizaciones de la sociedad civil venezolana expusieron la grave crisis del sistema de salud en Venezuela.
Durante la sesión, se expusieron hechos contundentes que subrayan la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, resaltando la persistente falta de medicamentos, equipos médicos y servicios de salud básicos. Las organizaciones hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para intensificar su apoyo a la población vulnerable del país.
Las víctimas estuvieron representadas por organizaciones de la sociedad civil como: la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), Acción Solidaria, Cecodap, Cepaz, Defiende Venezuela, Funcamama, Prepara Familia, Provea y Transparencia Venezuela.
Una situación estructural
Desde 2015, Venezuela enfrenta una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), exacerbada por la corrupción y políticas que han deteriorado gravemente el sistema de salud pública. Según HumVenezuela, se ha perdido el 80% de las capacidades de respuesta del sistema sanitario, resultando en que el 70% de las personas que acudieron al sistema público en 2023 no recibieron la atención necesaria.
Los hospitales carecen de medicamentos básicos e insumos esenciales como lencería, gorros y tapabocas, obligando a los pacientes a llevar todo, incluyendo analgésicos, suturas y sueros. Solo el 10% de los hospitales pueden realizar tomografías, el 30% no cuenta con servicio de Rayos X simple y el 47% de los laboratorios funciona de manera intermitente.
Más de 42.000 profesionales de la salud han emigrado debido a bajos salarios y condiciones laborales extremas. Un médico residente gana aproximadamente Bs. 652 ($18) y una enfermera Bs. 222 ($6) mensuales, según datos de junio de 2024.
En hospitales como el Hospital Central de Táchira, la falta de personal impide operaciones y tratamientos vitales, dejando a los pacientes en situaciones críticas y, en muchos casos, fatales.
Pacientes crónicos en peligro
Se estima que 5.278 personas viven con hemofilia en Venezuela. Aunque existe cooperación con la Federación Mundial de Hemofilia y compras regulares por parte del IVSS, la cantidad de medicamentos adquiridos es insuficiente frente a la demanda. En octubre de 2022, se reportaron alertas por falta de factores de coagulación en 8 estados venezolanos, y desde hace 4 años no hay reactivos para estudios especializados en el Banco Municipal de Sangre.
Por su parte, aproximadamente 92.000 personas viven con VIH/sida en Venezuela, con una falta significativa en la capacidad para realizar diagnósticos nuevos. El acceso al tratamiento depende exclusivamente del Estado, pero desde 2016 no se han realizado compras regulares de antirretrovirales. La situación se agrava por la resistencia y reacciones adversas a los tratamientos disponibles, obligando a muchos a recurrir al mercado negro o abandonar el tratamiento.
Asimismo, los niños hospitalizados en el Hospital J.M. de los Ríos siguen enfrentando violaciones graves a sus derechos, con servicios de nefrología y otros especializados operando a capacidad reducida o cerrados. La falta de mantenimiento, equipos médicos básicos y condiciones adecuadas para la personal afecta gravemente la atención pediátrica.
En la Maternidad Concepción Palacios, la falta de acceso a datos oficiales sobre mortalidad materna desde 2016 refleja una atención obstétrica deficiente y condiciones que comprometen la vida de madres y recién nacidos. Incidentes recientes, como el apagón que afectó la ventilación mecánica en la UCI, resaltan la crítica falta de recursos y mantenimiento en las instalaciones.
¡La atención es URGENTE!
Durante su intervención ante la Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), María Eugenia Monagas, presidenta de la Asociación Civil de Pacientes con Esclerosis Múltiple en Venezuela y beneficiaria de una medida cautelar radicada por Defiende Venezuela, destacó la urgencia de la situación que enfrentan los pacientes con EM en su país.
Monagas subrayó la crítica falta de acceso a medicamentos y atención médica adecuada, enfatizando que desde que se le otorgó la medida cautelar, no ha recibido apoyo del sistema de salud público ni cooperación de las autoridades locales para tratar su enfermedad.
En sus propias palabras, Monagas expresó: “La crisis de medicamentos es tan grave que cuando finalmente logramos ver a un especialista, debemos firmar una renuncia de responsabilidad debido a que los medicamentos proporcionados por el IVSS no son confiables”.
Además, describió cómo la falta de acceso integral a la atención médica afecta la calidad de vida de los pacientes, impidiéndoles realizar exámenes necesarios y mantener una dieta adecuada debido a los altos costos y bajos ingresos en Venezuela.
Sobre esto, Ezequiel Monsalve, Abogado y Coordinador de Litigio Internacional de la ONG Defiende Venezuela, afirmó que “los pacientes enfrentan una primera barrera importante: el acceso al diagnóstico”. A su juicio, “solo en la ciudad de Caracas se realizan funciones a nivel de columna para poder ser certificados como pacientes de esclerosis múltiple, y esto tiene un costo de 850 dólares, pagaderos únicamente en divisas y de manera privada, ya que no existe acceso público para este procedimiento”.
Asimismo, Monsalve agregó que “luego del diagnóstico, la barrera del acceso a medicamentos es aún más crítica”.
Precisó que “los medicamentos proporcionados por el IVSS están vencidos desde el año 2000. De los 29 núcleos de medicamentos existentes a nivel mundial, solo 3 están disponibles en Venezuela, y de esos, solo dos son certificados por la OMS. Esto significa que los pacientes están ingiriendo medicamentos vencidos y sin control, poniendo en riesgo su vida e integridad personal”.
Por último, solicitó que “los beneficiarios mencionados por María Eugenia Monagas sean incluidos en la ampliación de la medida 1286 para que puedan recibir la cobertura y protección necesaria”.
En este sentido, la ONG Defiende Venezuela exige al Estado venezolano tomar medidas inmediatas y efectivas para atender la grave crisis de salud que enfrentan los ciudadanos.
La organización resalta la necesidad urgente de garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos médicos adecuados, tal como lo recomiendan las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Nota de prensa