Desde hace 155 años, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está regulado por la llamada Ley Judicial de 1869. Desde entonces, solo ha habido un intento serio de reformarla, el llevado a cabo por el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1937 y que, aunque estaba condenado al fracaso por la falta de apoyo en el Congreso, acabó siendo innecesario.
Por El Mundo
Este lunes, Joe Biden ha retomado, al igual que en otras ocasiones, el sendero de Roosevelt al proponer una reforma del Supremo de EEUU, un órgano judicial que tiene un poder y privilegios sin parangón en ninguna otra democracia occidental, que en esta ocasión, además, incluye un elemento extra: una enmienda constitucional que establezca que el presidente no tiene inmunidad legal después de dejar el cargo, en clara referencia a la sentencia del Tribunal en la que dificultaba considerablemente la persecución de los delitos -tanto presuntos como sentenciados- de Trump.
Y, al igual que la reforma de 1937, la de 2024 ésta nace muerta. El Congreso, ahora, tampoco va a considerar esa propuesta. Incluso en el caso de que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, decida someterla a debate, el Partido Republicano la paralizará gracias a su minoría de bloqueo.
La propuesta tenía cierto sentido hasta que hace 8 días Biden anunció que no iba a presentarse a la reelección, dado que al menos podía galvanizar un poco a las bases demócratas. Con Kamala Harris subiendo en las encuestas, es muy probable que no pase de ser una nota a pie de página en la campaña.
El plan de Biden, presentado este lunes en un artículo en la sección de Opinión del Washington Post -la guerra entre el presidente saliente y el New York Times sigue, así que el diario neoyorkino no debe esperar nada de esta Casa Blanca- tiene tres elementos. El primero es limitar a 18 años el periodo de tiempo que una persona puede ocupar el cargo. El segundo, crear un Código Ético -algo que el Supremo no tiene- en virtud del cual los magistrados tengan que desvelar públicamente los regalos que reciben, tengan prohibido participar en política y estén obligados a recusarse de casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de interés.
El tercer elemento no afecta directamente al Supremo, aunque sí es consecuencia de las acciones de éste cuando exoneró a Donald Trump de gran parte de la responsabilidad penal que, según la Fiscalía, tenía por sus acciones en su intento de robar las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden. Para ello, Biden propone una enmienda constitucional que establezca que “la Constitución no confiere ninguna inmunidad de una imputación, juicio, o sentencia en virtud de haber sido presidente”.
Las posibilidades de que esta reforma salga adelante son cero. Estados Unidos lleva 53 años sin aprobar una enmienda constitucional, porque los requisitos para ratificarla son enormes y, en un país en el que nadie se pone de acuerdo en nada, hacen virtualmente imposible la reforma de la ley fundacional. Aparte, las dos reformas del Supremo -limitación de mandatos y código ético- tampoco van a prosperar, por la oposición republicana.
Las reformas propuestas por Biden son más bien un intento de aplacar a las bases demócratas, después de que el Supremo, en el que hay 6 jueces republicanos contra tres del partido del presidente, haya dado en el último cuarto de siglo una serie de victorias a los conservadores que se han acelerado en el último periodo de sesiones con la inmunidad de Trump y varias sentencias que refuerzan el poder de las empresas sobre reguladores y trabajadores.
A ello se han sumado los escándalos. En el último año, la web de investigación ProPublica ha revelado que uno de los magistrados republicanos del Supremo, Clarence Thomas, recibió del multimillonario conservador Harlan Crow regalos valorados en millones de dólares, mientras que el New York Times ha destapado que otro juez de la misma ideología, Samuel Alito, sostiene la teoría conspiratoria de que Biden robó las elecciones.
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