Estoy profundamente preocupado por la situación en Venezuela después de las elecciones del domingo pasado, afirma el Ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide.
Los observadores electorales internacionales han planteado dudas justificadas sobre si las elecciones se han llevado a cabo de acuerdo con las normas internacionales.
Noruega exige a las autoridades venezolanas que presenten todas las cifras en las que se basan los resultados electorales que han publicado, para que puedan ser verificados de forma independiente. Sólo así podremos finalmente tener claridad sobre quién ganó las elecciones.
Desde hace varios años, Noruega ha sido un facilitador del proceso de paz en Venezuela, a partir de un deseo tanto del gobierno como de la oposición. En octubre de 2023, las partes firmaron el llamado Acuerdo de Barbados sobre las condiciones para la celebración de las elecciones presidenciales. Noruega ha alentado sistemáticamente a las partes a cumplir los acuerdos concertados.
Que el gobierno de Venezuela haya aceptado realizar unas elecciones que sigan los estándares internacionales obliga. El respeto de las reglas del juego democráticas es un requisito previo para una paz y una estabilidad duraderas. Esperamos que las autoridades venezolanas cumplan con los compromisos acordados y respeten la voluntad del pueblo venezolano.
Toda violencia política es inaceptable y debe cesar de inmediato. Debe respetarse el derecho de la población venezolana a manifestarse pacíficamente y es importante que el aparato de seguridad actúe con moderación. Noruega espera que se respeten los derechos de todos en el país. La tensa situación en el país sólo puede resolverse si los líderes del país anteponen los intereses de la población.
Es positivo que muchos países de América Latina hayan expresado claramente lo mismo, es decir, que todos los recuentos de votos deben publicarse y verificarse antes de poder determinar quién ganó. Esta es una expresión clara de una región que ha pasado por mucho y que quiere defender la democracia y los principios del Estado de derecho.