La justicia de Aruba condenó a un hombre de origen chino por alquilar apartamentos para el alojamiento de inmigrantes irregulares venezolanos.
El juez Mario Leomar Angela, en representación de la corte conjunta que opera en el Caribe Neerlandés, impuso una multa de dos mil florines (1.111 dólares al cambio actual), o 40 días de arresto al hombre que administraba dos inmuebles donde se alojaban en total 13 personas que no habían regularizado su situación migratoria en ese país.
Las redadas se llevaron a cabo en julio de 2020, cuando estaba en pleno apogeo la cuarentena por el COVID-19. Según los registros de este expediente, los allanamientos a ambos inmuebles se llevaron a cabo en el curso de una pesquisa por presuntas violaciones a los reglamentos de Armas de Fuego y Estupefacientes.
Pero en las revisiones no se documentó La presencia de armas o drogas. En cambio, fueron encontrados los venezolanos. Algunos de estos casos fueron desechados, puesto que se trataba de personas que ingresaron de forma legal a la isla, y que fueron sorprendidas por el súbito cierre de las fronteras en virtud de la pandemia.
Otros, en cambio, permanecían en Aruba desde 2019. Sus relatos, consignados en el expediente de este caso, permiten conocer las condiciones en las que se lleva a cabo el tráfico de seres humanos entre Venezuela y la isla caribeña, en el contexto de la emergencia humanitaria.
Sin derechos
“Llegué a Aruba desde Venezuela en un barco pesquero. Eso fue a finales de febrero de este año (2020). Pagué 300 dólares por el cruce. Vine a Aruba por la mala situación de Venezuela”, explicó uno de los venezolanos interrogados.
Este hombre, como la mayoría de los residentes de ambos inmuebles, obtenía el sustento en trabajos de albañilería.
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