En una democracia, el asunto electoral no es solo un mecanismo de selección de autoridades, sino un acto de legitimidad. En ese proceso, la obligación ética y moral de publicar las actas electorales, resulta indispensable para asegurar claridad, rendición de cuentas y confianza en las instituciones. En el sistema democrático y de libertades, reside un principio inquebrantable: la transparencia. Sin ella, el contrato social se desmorona y el afecto ciudadano se convierte en frágil espejismo.
La pureza electoral no es un mero accesorio del sistema democrático, sino su esencia misma. Divulgar las actas electorales implica que cada voto emitido y resultado contabilizado se hace visible, accesible al escrutinio público. Lo que disuade cualquier intento de manipulación, fraude o alteración. En las sociedades donde la sombra de la corrupción y el dolo electoral han erosionado la confianza, la divulgación abierta y detallada de las actas, es un acto de reparación moral y política, una manera de reconstruir el vínculo de amistad entre el Estado y la ciudadanía.
Su dilación u ocultamiento, genera la sospecha que lo distingue de complicidad. En la luz de la pureza, la democracia se fortalece, y en la oscuridad de la opacidad, se corrompe. Por lo tanto, garantizar el acceso irrestricto a las actas es un imperativo categórico para cualquier democracia que aspire a ser considerada legítima.
La rendición de cuenta es un principio, una obligación, un compromiso en la teoría democrática. Los ciudadanos no son espectadores pasivos, son actores fundamentales. Comunicar las actas permite a la ciudadanía y las organizaciones civiles realizar un seguimiento riguroso, verificar la corrección del proceso y, si fuera el caso, impugnar el resultado de manera fundamentada.
En un mundo interconectado, la información no es privilegio de pocos, sino patrimonio de todos. Los ciudadanos empoderados con precisión y oportunidad son los idóneos para defender sus derechos, exigir mejoras y participar informados en la vida política.
La difusión de las actas electorales permite que las resultas no queden sujetas a la interpretación de los mandos, sino que sean asequibles y verificables por la ciudadanía. Los electores tienen la posibilidad de cotejar los resultados oficiales con los datos provenientes de las mesas de votación, lo que reduce la posibilidad de fraude y maniobra.
Asentir a las actas, es un mecanismo de control ciudadano sobre el poder político. Y, en un contexto de populismo politiquero, y cuestionamiento de las instituciones democráticas, fortalecer la revisión adquiere relevancia. La historia está llena de ejemplos, la carencia de transparencia en los resultados es motivo de protestas, acusaciones y crisis política. La pureza electoral no es opción, sino una obligación al conjunto de normas, valores y creencias, aceptadas para establecer lo que está bien o está mal.
Desde la perspectiva jurídica, pregonar las actas electorales debe codificarse en la legislación, consagrarse como un derecho fundamental dentro del marco legal. No obstante, trasciende el ámbito jurisdiccional, y se convierte en un deber moral y ético del Estado; para no depender de la voluntad de las autoridades de turno. Negarse a publicarlas, es traición al pacto social sobre el cual se sustenta la democracia.
Promulgarlas, no es un simple requisito administrativo y/o técnico, sino la reafirmación de valores democráticos, un exigente de principio; y quienes lo desconozcan, envían un mensaje, de que, la soberanía popular puede ser encubierta, acechada y distorsionada a conveniencia. Actitud deleznable que fragua la inestabilidad política, social y económica.
La reclamación en difundir las actas, es un requerimiento ineludible para el resguardo democrático; que no solo debe ser transparente, sino parecerlo en cada uno de sus actos. La publicación es la manera de lograrlo; para que la ciudadanía compruebe que su participación fue respetada.
Cuando el resultado es opaco y/o tardan en ser publicados, conllevan a la especulación y teorías conspirativas. La incertidumbre genera tensiones, corroe la cohesión social y pone en riesgo la estabilidad democrática. La revisión en instancias imparciales, organismos e instituciones idóneas, es vital.
Si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, entonces es ese pueblo quien debe confirmar si su voz ha sido escuchada y reverenciada. La publicación de las actas electorales, por tanto, es un acto de justicia democrática.
@ArmandoMartini