En un reciente conciliábulo del brazo judicial del régimen de Nicolás Maduro, encabezado unos días antes de las elecciones presidenciales por el Fiscal General oficialista, Tarek William Saab, junto a la actual Presidenta del Circuito Penal de Caracas y exfiscal, Katherine Haringhton, se afinaron algunos detalles de la máquina represiva que debía activarse apenas se consumara la proclamación fraudulenta de Maduro como presidente reelecto de Venezuela, que en efecto ocurrió al cierre de la jornada comicial del 28 de julio.
Con la hipótesis de trabajo de que la maniobra electo-judicial en ciernes provocaría protestas, los participantes se dispusieron a diseñar medidas para prevenirlas o aplacarlas. En las calles tendrían que desplegarse la fuerza bruta y la crueldad de los cuerpos de seguridad, cómo no, pero entre las vueltas de tuerca que se prepararon destacó la activación de una segunda línea de ataque: los Tribunales de Terrorismo, una novedosa jurisdicción que el chavismo-madurismo instauró en 2012 y que, desde al menos hace tres años, pasó a actuar como una virtual fuerza de tarea para procesar de manera expedita e implacable a cualquier persona fichada como opositora.
Desde Caracas vienen actuando durante las últimas cuatro semanas los cuatro jueces encargados de la instancia. No le han hecho ascos a su misión; de hecho, siguen al pie de la letra un patrón común de arbitrariedades que espeluzna: niegan el acceso a los expedientes de los detenidos, a quienes procesan sin miramientos, sin posibilidad de nombrar abogados de confianza, siempre tras las rejas, por fuera y lejos de sus jurisdicciones naturales, a veces por grupos -por lo tanto, sin considerar las circunstancias de cada caso individual- y de forma telemática.
Cuando hace algunos años el venezolano Carlos Armando Figueredo tradujo Los Juristas del Horror, el clásico de Ingo Müller sobre la justicia en la Alemania nazi, tal vez no imaginó que esa advertencia con fundamentos históricos reencarnaría en su propio país a través de los jueces Carlos Liendo, Ángel Betancourt, Franklin Mejías y Joel Monjes. Un quinto juez, Edward Briceño, ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio.
Constituidos en una máquina de terror, los cuatro jueces de esta historia forman parte de una operación de castigo que, según fuentes consultadas por Armando.info, se desarrolla bajo la conducción remota de la magistrada Elsa Gómez Moreno, desde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La magistrada es cercana a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. La conexión entre Gómez Moreno y la Primera Dama o Primera Combatiente, como la jerga revolucionaria prefiere llamarla, pasa por la sobrina de la magistrada, Jennifer Karina Fuentes, quien fue pareja de Walter Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.
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