Hoy, esa política está en ruinas. El ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el candidato opositor Edmundo González, ha huido a España, bajo la amenaza del déspota gobernante, Nicolás Maduro, que se aferra al poder a pesar de su decisiva derrota. Estados Unidos y sus aliados pueden y deben imponer nuevas sanciones fuertes, dirigidas al sustento económico que Maduro obtiene de la producción petrolera.
González, un ex diplomático de 75 años, intervino como representante de la líder más popular de la oposición, María Corina Machado, después de que el régimen le negara un lugar en la boleta. Los registros de votación recopilados por la oposición y examinados por The Post muestran que González derrotó a Maduro, 67 por ciento a 30 por ciento. La comisión electoral controlada por el régimen de Maduro y la Corte Suprema repleta de leales al régimen certificaron descaradamente que había ganado por 52 por ciento contra 43 por ciento. Y, cuando los venezolanos protestaron, el gobierno desató la represión. Las fuerzas de seguridad y los grupos armados respaldados por el régimen han matado a 27 personas y detenido ilegalmente a casi 1.700 más, incluidos 107 adolescentes y 216 mujeres, según David Smolansky, subdirector de la oficina de campaña presidencial de la oposición ConVzla en Washington.
Las fuerzas de seguridad atacaron a cualquiera que hubiera trabajado en la campaña de la oposición o mostrado apoyo a González o Machado en las redes sociales. Maduro presentó una aplicación en la que los venezolanos podían informar sobre sus conciudadanos. González huyó cinco días después de que el fiscal general de Venezuela presentara una orden de arresto en su contra como parte de lo que dijo era una investigación sobre la publicación por parte de la oposición de los recibos de las máquinas de votación. De esta manera, Maduro obligó a su rival a exiliarse, una táctica común de los dictadores.
Los presidentes izquierdistas electos de los vecinos de Venezuela, Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, han respondido con palabras tibias. Han exigido que se hagan públicos los recuentos oficiales de votos, que hasta ahora se han mantenido en secreto, pero no han condenado el evidente robo. No se ha sabido nada del presidente Joe Biden, a pesar de que Maduro ha violado las promesas que hizo a cambio del alivio de las sanciones, convirtiendo el esfuerzo estadounidense de “incentivos” en una derrota de la política exterior estadounidense.
A Estados Unidos no le quedan muchas opciones. Ya ha sancionado a muchos funcionarios venezolanos, incluido Maduro, por violaciones de los derechos humanos, corrupción, tráfico de drogas y otras razones. La reconsideración del negocio petrolero de Chevron debería ser el siguiente paso. La administración Biden permitió que Chevron, que ha estado trabajando en Venezuela durante un siglo, reanudara las empresas conjuntas con la petrolera estatal el año pasado; estas producen actualmente unos 200.000 barriles por día. Según el Wall Street Journal, esta empresa genera alrededor del 20 por ciento de las exportaciones nacionales de crudo y el 31 por ciento de los ingresos petroleros totales del gobierno. Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, dijo a los inversores en una conferencia telefónica el 2 de agosto: “Estamos allí para ayudar a desarrollar la economía, apoyar a la gente, crear empleos y no involucrarnos en la política, que puede oscilar en cualquier país de un partido a otro”. Añadió: “No tenemos ningún papel en la selección de gobiernos… Somos un actor comercial, no un actor político”. Pero las actividades de Chevron tienen consecuencias políticas de todos modos, ya que apuntalan una dictadura que los ciudadanos de Venezuela no quieren. Chevron ha estado presionando a la Casa Blanca para que no restablezca las sanciones. La empresa ha argumentado que Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, será un objetivo tentador para los rivales geopolíticos Rusia y China si Chevron no está presente. Biden claramente quiere evitar un aumento políticamente impopular de los precios de la gasolina o un aumento de refugiados que podrían desencadenarse por nuevas sanciones.
Sin embargo, Rusia y China ya están profundamente involucradas en Venezuela, y su producción petrolera es trivial en comparación con las necesidades globales y estadounidenses: el objetivo de impulsar la producción energética nacional es ganar libertad de acción geopolítica. Un grupo bipartidista de senadores planea presentar una nueva legislación para codificar las sanciones financieras al Banco Central de Venezuela, la empresa petrolera estatal y la criptomoneda venezolana. El senador Dick Durbin (demócrata por Illinois) propuso una legislación para poner fin a toda la cooperación petrolera de Estados Unidos y al comercio petrolero relacionado con Venezuela hasta que Maduro respete el resultado de las elecciones.
Biden ha declarado que el mundo está atrapado en una contienda entre la democracia y la autocracia, y así es. El hombre fuerte venezolano, aparentemente viendo lo mismo en juego, ha sido implacable en la eliminación de los valientes demócratas venezolanos. Biden no puede ser menos implacable en su defensa.
Este artículo fue publicado originalmente en el Washington Post el 10 de septiembre de 2024. Traducción libre del inglés por lapatilla.com