Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a 12 funcionarios iraníes por abusos contra los derechos humanos como represión violenta contra manifestantes, tortura de prisioneros y ataques contra disidentes iraníes en el extranjero.
Las sanciones se dieron a conocer en torno al segundo aniversario de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la “policía moral” de Irán. Su muerte provocó protestas masivas en todo el país. Antes del aniversario, el Gobierno de Irán incrementó una vez más su represión contra los manifestantes pacíficos.
“En los dos años transcurridos desde el asesinato sin sentido de Mahsa Zhina Amini bajo custodia de la llamada Policía Moral de Irán, el régimen ha seguido violando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo iraní”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. “Estados Unidos sigue comprometido a exponer y sancionar a los funcionarios iraníes responsables de abusos contra los derechos humanos”.
Una alta funcionaria del Departamento de Estado dijo a CNN antes del aniversario: “es importante recordar que si bien hay un nuevo presidente iraní, un nuevo liderazgo iraní, observamos una continuidad en este tipo de abuso de los derechos humanos”.
“Es importante que la comunidad internacional juzgue a este Gobierno por sus acciones y no por sus palabras”, dijo Victoria Taylor, subsecretaria de Estado adjunta para Iraq e Irán.
Las nuevas sanciones están dirigidas a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad de Irán que participaron en las violentas represiones de 2022. Uno de los sancionados, Hamid Khorramdel, es el comandante de una unidad del Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) “responsable de arrestar y coaccionar a confesiones de activistas”, según el Departamento del Tesoro. Un segundo agente, Mustafa Bazvand, encabezó las fuerzas responsables de “matar al menos a una persona y arrestar a varios periodistas que cubrían la violencia”.
También apuntan a cuatro funcionarios que, según Estados Unidos, perpetraron abusos contra los derechos humanos dentro de las prisiones de Irán, incluido uno, Alireza Babaei Farsani, que supervisa la provincia de prisiones donde el rapero iraní Toomaj Salehi fue torturado “con el objetivo de obligarlo a hacer una confesión televisada”. Un segundo funcionario, Ahmad Reza Azadeh, dirige una prisión donde al menos una persona que participó en las protestas de Amini se enfrenta a una “ejecución inminente” por su participación.
“Durante el tiempo de Azadeh como director de la prisión de Shiban, los guardias de la prisión utilizaron en varias ocasiones munición real y gases lacrimógenos contra los prisioneros que protestaban por las condiciones inadecuadas en la prisión”, dijo el Departamento del Tesoro. “Los presos de Shiban fueron sometidos a torturas y otros malos tratos, se les negó atención médica y se les culpó de la muerte de presos a manos de las fuerzas de seguridad”.
Los últimos cuatro funcionarios fueron sancionados por su participación en atacar a disidentes iraníes en el extranjero. Uno de ellos, Yahya Hosseini Panjaki, “desempeñó un papel en el intento de atentado con bomba contra una reunión de disidentes iraníes en París, entre otras operaciones en Europa”, dijo el Departamento del Tesoro.
Otro funcionario, Javad Ghaffarhaddadi, es el jefe de la división de Operaciones Especiales de la Organización de Inteligencia de Irán. Esa unidad, según el Departamento del Tesoro, “desempeñó un papel clave al atacar a los críticos del régimen iraní en el extranjero, incluido el secuestro en 2019 del periodista y refugiado político radicado en Francia Ruhollah Zam, que finalmente condujo a su ejecución en Irán”.
Además de las sanciones, Taylor dijo a CNN que Estados Unidos también está “muy enfocado en ver cómo podemos garantizar que el pueblo iraní tenga acceso al libre flujo de información y a Internet”.