Decenas de miles de trabajadores de 14 grandes puertos estadounidenses se declararon en huelga el martes, en una acción que podría lastrar a la mayor economía del mundo a semanas de las elecciones presidenciales.
La primera huelga de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) en casi 50 años afecta a 36 puertos desde los estados de Maine hasta Texas, que se encargan del manejo de alimentos hasta productos electrónicos.
Unos 45.000 trabajadores están en huelga, según ILA.
Las negociaciones entre la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX), que representa a la patronal, y el sindicato ILA están estancadas.
El sindicato anunció que “cerró (actividades en) todos los puertos desde Maine a Texas a las 12H01 AM del martes”.
Exige protección contra la pérdida de empleos vinculada a la automatización de procesos, y pide incrementos de salarios para los estibadores.
Reportes de prensa indican que ILA pide 77% de incremento salarial en siete años.
En un comunicado, la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris estaban “monitoreando de cerca” la huelga y que fueron informados sobre los impactos todavía “limitados” para los consumidores.
Biden pidió a última hora del martes una “oferta fuerte y justa” para los estibadores, dijo la Casa Blanca, y se refirió puntualmente a los “transportistas marítimos de propiedad extranjera” representados por USMX.
“Estas empresas extranjeras han obtenido ganancias récord… y el presidente cree que es hora de que presenten una oferta que refleje la invaluable contribución de los trabajadores de ILA a su éxito”, dijo.
“Consecuencias devastadoras”
Biden puede ordenar mediante la Ley Taft-Hartley la reanudación de las conversaciones y un periodo de “reflexión” por 80 días en el que los trabajadores volverían a sus labores, pero descartó la medida citando respeto a los derechos de negociación colectiva.
La Federación Nacional de Minoristas pidió a Biden que restablezca “inmediatamente” las operaciones, incluso invocando la misma ley, y advirtieron que la huelga “tendrá consecuencias devastadoras para los trabajadores estadounidenses, sus familias y las comunidades locales”.
El expresidente y candidato republicano, Donald Trump aprovechó para culpar a Biden de la crisis y dijo en Milwaukee que el mandatario ya “debería haber llegado a un acuerdo”.
El conflicto representa un gran desafío para el gobierno, y en especial para la vicepresidenta Kamala Harris, quien aspira a suceder a Biden, toda vez que ambos buscan cimentar una imagen favorable a los sindicatos antes de la elección presidencial de noviembre.
Se trata de un grupo considerable, pues la USMX representa a la patronal de 36 puertos y el sindicato de estibadores cuenta con 85.000 afiliados en todo Estados Unidos, incluyendo trabajadores de puertos marítimos, ríos y lagos.
Oxford Economics estima que la huelga costará entre 4.500 y 7.500 millones de dólares por semana a la economía de Estados Unidos.
El transporte de hidrocarburos y productos agrícolas, e incluso los cruceros, no debería verse demasiado afectado.
Lucha contra la automatización
Aunque es la primera gran huelga de ILA desde 1977, este año se han producido grandes paros de trabajadores en plantas automotrices, y en Boeing, por cuestiones salariales y condiciones laborales.
En este caso, el convenio colectivo alcanza a unos 25.000 trabajadores sindicalizados en ILA en grandes puertos como el de Nueva York o Nueva Jersey.
“Trabajamos durante el covid. Nunca nos detuvimos. Hicimos posible para que el mundo siguiera funcionando”, recordó Jonita Carter, trabajadora de puertos desde hace 23 años. “Con la automatización perderemos nuestros empleos”.
Analistas advierten que una huelga prolongada supondría un gran obstáculo para la economía estadounidense, que derivaría en escasez de algunos artículos y aumento de costos en momentos en que la inflación se ha ido moderando.
“No hay un alternativa fácil. Los armadores ya comenzaron a encaminar algunas cargas hacia la costa oeste, pero la capacidad de esta opción es limitada”, sostuvo Erin McLaughlin, economista del Conference Board, una organización sin fines de lucro que investiga la actividad comercial. AFP