En septiembre 2023 la Fuerza Armada (FANB) desplegó una gran campaña de propaganda en rescate del Cerro Yapacana desalojando a miles de mineros. Hubo muertos, heridos y muchos extranjeros expulsados del país. Un año después el negocio ilegal es más floreciente para la guerrilla y mineros ilegales con apoyo de los militares. La Operación Autana de la FANB solo sirvió para que el negocio de la minería cambie de manos y que el acceso a las minas sea más lucrativo para las mafias del oro: militares, guerrilleros, indígenas delincuentes y funcionarios del Seniat y Dgcima.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
“En la zona indígena piaroa Cárida, que debe ser protegida, ya hay hasta 10 corruptelas como llaman a los negocios con prostíbulos, y ventas de droga y alcohol, cientos de mineros invadiendo todo el lugar, coordinados por Jackson y Trino, hijos del capitán indígena, los militares y la guerrilla”, le dice un indígena a Infobae.
Es brutal la destrucción del ambiente y la contaminación del majestuoso río Orinoco. Uno de los mineros explica que “para entrar a la mina de Cárida los hijos del capitán indígena de la comunidad están cobrando 1 gr de oro por persona. Por otra parte, el Seniat, la GNB y la Armada, para entrar por la boca del Orinoco, que es la vía de entrada a Cárida y a las minas del Yapacana, cobran 300 mil pesos colombianos (75 dólares) por cada tambor de 200 litros de combustible”.
Muchos de los que han regresado a las minas ilegales son procesados como delincuentes, además de muchísima gente que, por la crisis económica del país, se suma a la explotación del oro. La mina Cacique, que la Fuerza Armada desalojó hace más de un año, ha vuelto a florecer, pero ahora es peor, porque se está explotando mucho más acá, a la entrada del parque Yapacana, donde se encuentra la centenaria comunidad indígena Cárida.
En un video al que Infobae logró acceder se observa un incidente entre militares de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), los indígenas de los puntos de control indígena que cobran por el acceso al Yapacana en colaboración con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se evidencia la disputa por el control del tráfico de mercancía hacia el sector minero, cuando los militares llevan una embarcación con mercancía hacia la zona de explotación minera.
El suceso fue en la boca del río Orinoco. La embarcación, que estaba a cargo del capitán de corbeta Silverio, entra en conflicto en la entrada del Orinoco, sector de la parroquia Yapacana, Ahí hay un punto de control militar con un trío de poder: está por la Armada Bolivariana el Teniente Salazar, al que identifican como “el mejor pagado del río”. El Mayor Ramos está por la GNB, porque son los guardias quienes dan las coordenadas para entrar sin problemas y pasar las otras alcabalas de Santa Bárbara y Cárida, cuyo pago son millones de pesos colombianos, la moneda con la que más se negocia en esa parte del territorio venezolano.
El negocio no es solo de militares, también participan funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat): ellos intervienen según los trabajadores adscrito al municipio, aunque el permanente es el funcionario Martínez: tienen ya casi dos años sin ser removidos de sus cargos.
“El teniente Salazar dio la orden que quien pase debe pagar millón y medio de pesos por cada bote vacío o lleno. Un barco que vaya a otros municipios debe llevar unos 1o millones de pesos para ir pagando en las alcabalas: primero a la Armada, Seniat y GNB. Luego a los 32 puntos de control indígenas que están en la entrada del Orinoco, y que es manejado por jóvenes casi siempre drogados”.
“El cobro no termina ahí, porque está el llamado Orinoco medio, con ocho puntos indígenas, que inicia desde Playa Seca, donde vive la familia del exalcalde Andre Camico, controlado por Cristóbal y los tres capitanes indígenas de San José de Minicia, donde se encuentra Orlando Francisco y el famoso Vaquita; ese es el sector mejor pagado. Todos ellos andan armados”.
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