A partir del viernes, los hospitales de Texas deberán preguntar a los pacientes si se encuentran legalmente en Estados Unidos y hacer un seguimiento del coste de tratar a personas sin estatus legal, tras una orden del gobernador republicano Greg Abbott que amplía el enfrentamiento del estado con la administración Biden en materia de inmigración.
Los críticos temen que el cambio pueda ahuyentar a la gente de los hospitales de Texas, a pesar de que los pacientes no están obligados a responder a las preguntas para recibir atención médica. El mandato es similar a una política que debutó el año pasado en Florida, donde el gobernador republicano Ron DeSantis también es un crítico frecuente del manejo del gobierno federal de los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Los hospitales de Texas han pasado meses preparándose para el cambio y han tratado de tranquilizar a los pacientes de que no afectará a su nivel de atención.
Esto es lo que hay que saber:
Obligados a preguntar, no obligados a responder
Según la orden ejecutiva anunciada por Abbott en agosto, los hospitales deben preguntar a los pacientes si son ciudadanos de EE.UU. y si se encuentran legalmente en el país.
Los pacientes tienen derecho a no dar esa información y los trabajadores del hospital deben decirles que sus respuestas no afectarán a su atención, como exige la ley federal.
Seguimiento de los costes hospitalarios y los datos de los pacientes
Los hospitales no tienen que empezar a presentar informes al Estado hasta marzo. Un primer borrador de una hoja de cálculo elaborada por las autoridades sanitarias estatales para hacer un seguimiento de los datos no incluye campos para enviar nombres de pacientes o información personal.
Los proveedores rellenarán un desglose de las visitas de los pacientes hospitalizados y atendidos en urgencias y documentarán si se encuentran legalmente en el país, son ciudadanos o no se encuentran legalmente en EE.UU.
Los informes también sumarán los costes de quienes estén cubiertos por Medicaid o el Programa de Seguro Médico Infantil, conocido como CHIP; y el coste de los pacientes que no lo estén.
«Los tejanos no deberían tener que asumir la carga de apoyar económicamente la atención médica de los inmigrantes ilegales», dijo Abbott cuando anunció la política.
Texas sigue el ejemplo de Florida
Florida promulgó una ley similar el año pasado. Los defensores de la atención sanitaria sostienen que la ley ha infundido temor a los inmigrantes que necesitan atención médica de urgencia y ha provocado que menos personas busquen ayuda, incluso en centros no sujetos a la ley.