El despliegue inició desde el lunes 4 de noviembre, cuando más de 2.500 funcionarios policiales y militares se trasladaron hasta el sur del estado Bolívar, teniendo como destino el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como cárcel El Dorado, lugar al que ingresaron la madrugada de este martes 5 de noviembre.
Por Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com
El centro penitenciario está rodeado por el río Cuyuní, y a menos de 200 metros se logra ver el pueblo de El Dorado, al sur del estado Bolívar, el cual es netamente minero. A pesar de que la cárcel cuenta con un acceso terrestre, los únicos que pueden entrar son los organismos de seguridad.
La cárcel de El Dorado está conformada por varias áreas: Casa Amarilla, Precursor I y II y Máxima Seguridad, cuyas condiciones, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), son precarias e inhumanas.
El Dorado alberga a detenidos de varios estados del país y es de régimen cerrado, es decir, su control está en manos del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) y solo hay presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El centro penitenciario fue construido en el año 1944 con una capacidad instalada para 350 personas, pero actualmente alberga a más de 2.000 privados de libertad.
Los efectivos tomaron el penal y ejecutaron una “exhaustiva” requisa bajo una operación que la administración de Nicolás Maduro denomina Gran Cacique Guaicaipuro.
Según lo señalado en un video difundido por Julio García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios, en el lugar localizaron más de 300 armas blancas, dos fusiles, dos revólveres, siete pistolas, una subametralladora y una granada fragmentaria, mientras que en algunas de las paredes de la cárcel encontraron envoltorios de presunta marihuana y alcohol. También incautaron 400 teléfonos celulares, antenas de internet satelital, 200 metros de cable y equipos router.
Nexos con la delincuencia organizada
Zerpa sostuvo que dentro del penal operaban líderes que tienen vínculos con la megabanda El Tren de Aragua y el Tren del Llano.
“Veníamos adelantando trabajos de inteligencia a diferentes grupos, entre esos, el Tren de Aragua y el Tren del Llano, que se vienen articulando y han tomado esta zona para el delito. Este ya no será un nido más para la delincuencia organizada”, añadió el ministro.
Sumó que al menos 1.404 reclusos serán trasladados a otros recintos para desalojar el penal y así restaurar la deteriorada infraestructura de El Dorado. “Luego será puesto al servicio de un régimen sumamente estricto, como lo venimos construyendo”, explicó Zerpa.
El periodista Eligio Rojas publicó en sus redes sociales que en la intervención fueron detectados 17 líderes negativos que forman parte del pranato, tres custodios que alquilaban celulares a los presos y dos soldados, quienes intentaron ingresar una granada fragmentaria a la prisión.
Responsabilizan al Estado
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que “se incautó una cantidad de armas, cuando en realidad son las propias autoridades quienes facilitan el ingreso de este armamento. La responsabilidad de este problema es compartida: la GN controla el acceso y permite el contrabando, y los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios permiten la circulación de armas en el recinto”, comunicó la organización en su cuenta de la red social X.
Para la ONG es necesaria una reforma en la que se incluya el retiro progresivo de la Guardia Nacional y que el Ministerio a cargo asuma por completo la seguridad y control de las cárceles del país.
“Mientras existan estos dobles mandos, donde el capitán de la GN reporta a su comandante, y el director a su ministro, el flujo de armas y la corrupción seguirán sin control”, detallaron.
La organización también denunció que “su alimentación diaria está basada en bolas de harina cocida, arepa o yuca. Aunque existe permiso para que los familiares les lleven algunos alimentos crudos, no todos los privados de libertad los reciben, porque las visitas son limitadas”, según testimonios de los familiares de los privados de libertad, quienes afirmaron que consumen agua del río Cuyuní.
“No tienen acceso a asistencia médica y, por si fuera poco, son comunes los casos de tuberculosis y paludismo. Asimismo, hay casos de desnutrición extrema, muchos presentan enfermedades estomacales y de piel”, sumaron.
