El ex ministro de Defensa del Gobierno interino de Jeanine Añez, Fernando López Julio, fue acusado por la Fiscalía de Bolivia de haber planificado asesinar al presidente Luis Arce antes de que éste asuma el cargo en 2020. Según una investigación periodística publicada en 2021, López y otros implicados, habrían planificado atentar contra su vida para evitar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retorne al poder.
El fiscal de La Paz, Julio Acarrafi, informó a la prensa local que los cargos incluyen alzamiento armado contra la seguridad del Estado y atentados contra el Presidente en grado de tentativa. Entre los acusados hay dos bolivianos, incluido López, y cinco extranjeros.
El reportaje de The Intercept, difundido en 2021, revela la existencia de audios en los que supuestamente el ministro López habla de un plan que incluía el envío de tropas mercenarias de Estados Unidos a Bolivia para evitar la posesión de Arce en una acción coordinada con las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana. La comunicación presuntamente se realizaba con un hombre de nacionalidad boliviana que antes había sido administrador civil en el Ejército de los Estados Unidos, pero que está recluido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, por delitos de estafa.
Según las indagaciones que cita la prensa local, en esta presunta planificación estuvo involucrado el ex ministro de Gobierno (Seguridad) Arturo Murillo, quien se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. El plan de atentar contra Arce, se habría frustrado por desacuerdos entre ambos ministros.
López, que se encuentra refugiado en Paraguay, enfrenta varias acusaciones penales en Bolivia, entre las que se incluyen la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y otras vinculadas a las denominadas masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), en las que 22 civiles perdieron la vida por impactos de bala.
La nueva acusación contra López puede quedar sin efecto debido a que una sentencia constitucional, emitida el 17 de enero de 2024, establece que una persona no puede procesada ni sometida a un juicio en condición de rebeldía. La sentencia tuvo el voto positivo de cinco miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, dos de los cuales son los mismos que hace un par de semanas le quitaron a Evo Morales el control del MAS y le negaron la posibilidad de ser candidato en futuras elecciones, los magistrados Gonzalo Hurtado y René Espada.
En un breve contacto con Infobae, López calificó la acusación de la Fiscalía como “un nuevo fuego artificial para distraer el Estado fallido boliviano” y dijo que los esfuerzos del Gobierno por por “secuestrar al último de sus trofeos políticos, es una ambición fallida”.