Entre privaciones de libertad, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y hacinamientos en cárceles, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Venezuela.
Según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, más de 200 mujeres fueron detenidas en el marco postelectoral. “La cifra de mujeres detenidas en el país podría ser mayor, porque no todas denuncian lo que les ocurre”, afirmó Takehydi González, coordinadora regional de Mujeres de Voluntad Popular en el estado Zulia.
“En un entorno carcelario marcado por el hacinamiento, la violencia de género y la falta de acceso a servicios básicos como atención médica, agua, comida, viven día a día las mujeres detenidas y sus familias tras el marco de la represión post electoral en Venezuela”, aseguró.
Para González no solo quienes están privadas de libertad son víctimas. “La cárcel alcanza a todo el núcleo familiar. Por cada mujer detenida, la familia termina siendo víctima del sistema judicial, del sistema carcelario, de la corrupción, de la violencia sexual, de la tortura. El panorama es realmente devastador”, dijo.
En su pronunciamiento, González aseguró que en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) hay hasta 10 mujeres en una celda, “dónde son víctimas de violencia intracarcelaria, además de humilladas, amenazadas y perseguidas”.
“En los Centros de Reclusión de Mujeres hay brotes de piojos, enfermedades de la piel, infecciones y hasta problemas respiratorios. Se les niegan los traslados a centros de salud para ser atendidas por especialistas, a pesar de que sus familiares denuncian constantemente que no les suministran los medicamentos que requieren”, explicó.
La coordinadora regional de Mujeres hizo referencia al caso de Yenny Barrios, paciente oncológica detenida injustamente, quien no ha recibido atención médica especializada a pesar de las reiteradas denuncias de sus familiares.
“En los Principios sobre la detención o prisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) toda persona detenida tiene derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, y esto en Venezuela no se cumple”, dijo.
González también denunció que a las privadas de libertad por razones políticas tampoco se les respeta el derecho a la defensa y al debido proceso. “No existe una detenida del contexto electoral post 28 de julio a la que se le haya permitido hasta ahora asistencia jurídica por algún abogado de confianza”, señaló.
Nota de prensa