Este 25 de noviembre se conmemoran 25 años desde que las Naciones Unidas designaron esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana. Sin embargo, esta jornada no solo es una fecha para recordar, sino también para denunciar y visibilizar las formas de violencia que aún enfrentan muchas mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en prisión.
Es realmente alarmante la situación de vulnerabilidad extrema que viven las mujeres privadas de libertad en las cárceles y calabozos policiales de Venezuela, quienes son invisibilizadas y sometidas a distintos tipos de violencia por parte del Estado.
Es por ello que, desde el año 2020, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha informado que las mujeres detenidas en distintos centros de reclusión son víctimas de violencia sexual y discriminación como formas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En numerosos casos, estas mujeres son obligadas a mantener relaciones sexuales con custodios del Ministerio para el Servicio Penitenciario o efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a cambio de beneficios, una práctica que viola gravemente sus derechos humanos.
Además, las condiciones de reclusión son inadecuadas y afectan de manera desproporcionada a las mujeres en comparación con los hombres. Muchas enfrentan humillaciones, alimentación insuficiente y carencias de agua potable para su higiene personal, lo que agrava su situación de exclusión y maltrato. La mayoría de ellas ni siquiera tienen acceso a toallas sanitarias o tampones para mantener la higiene durante su ciclo menstrual.
En este punto es importante destacar que en Venezuela solo existe una cárcel para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). El resto son anexos femeninos improvisados, que ni siquiera cumplen con los estándares mínimos de reclusión y tampoco atienden las necesidades particulares de las mujeres.
Un total de 16 anexos femeninos no son más que infraestructuras improvisadas que se encuentran adosadas a las cárceles masculinas, y que por su misma naturaleza no cuentan con los parámetros necesarios para cumplir con la perspectiva de género. Actualmente en el INOF se encuentra el 28% de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, con un total de 650 mujeres y un hacinamiento crítico de 185,71%.
Asimismo, las requisas dentro del INOF son ejecutadas por personal masculino del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) del Servicio Penitenciario, quienes no respetan la privacidad ni los derechos de cada una de las mujeres. Por lo general, destruyen todas sus pertenencias y se dirigen a ellas con tratos degradantes.
“El trato de las custodias es muy ofensivo, durante las requisas suelen entrar funcionarios hombres y mujeres. las requisas corporales son denigrantes y humillantes”, relató una privada de libertad, que brindó su testimonio para el informe Cárcel de mujeres (INOF): Un cementerio de mujeres vivas.
Más recientemente, en el contexto de las mujeres detenidas arbitrariamente durante la represión poselectoral, las mujeres recluidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, ubicado también en el estado Miranda, enfrentan condiciones particularmente críticas. Allí, se han registrado denuncias de abusos sexuales cometidos por custodios o efectivos de la Guardia Nacional, además de una evidente negligencia en la atención a sus necesidades básicas.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señaló que el impacto de esta violencia no solo afecta a las mujeres privadas de libertad, sino también a sus familiares, quienes al visitarlas son sometidas a maltratos verbales y requisas vejatorias, con tocamientos contra su voluntad, por parte del personal penitenciario. Estas prácticas perpetúan un ciclo de humillación y abuso que atraviesan durante años.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Prado hizo un llamado urgente a visibilizar y abordar la violencia sistemática que enfrentan las mujeres privadas de libertad. “Garantizar un trato digno y humano a las mujeres en prisión no es solo una obligación legal, sino un acto de humanidad que refleja el compromiso real con los derechos humanos y la igualdad de género. La prioridad es la implementación de políticas penitenciarias con perspectiva de género, basadas en las Reglas de Bangkok, que prioricen la dignidad de las mujeres y eliminen cualquier forma de violencia o discriminación”, concluyó el abogado y defensor de derechos humanos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones