Javier Alvarez (Bloomberg)
El temor a deportaciones masivas —y a posibles separaciones familiares— se cierne como una losa sobre decenas de miles de migrantes como los que el viernes pasado acudían a un reparto de comida para la fiesta de Acción de Gracias, organizado por la ONG New Immigrant Community Empowerment (NICE, en sus siglas inglesas). Para muchos de ellos este jueves será su primera Acción de Gracias (Thanksgiving en inglés), la fecha más importante del calendario festivo estadounidense, pero también la última si los planes de Donald Trump de expulsar a los indocumentados (11,3 millones en EE UU, 412.000 en Nueva York) se sustancian por encima de las abundantes complejidades técnicas (la gestión de expedientes, la mayor de todas).
Por El País
Gladys Carolina, venezolana, que llegó a Nueva York en marzo con su esposo y dos hijos de 17 y 9 años, relativiza la amenaza, pero no oculta su ansiedad. “Quienes hemos cruzado el Darién y sobrevivido a la Bestia [el tren de carga que atraviesa México], podemos afrontar lo que sea, menos volver a Venezuela, eso jamás. Pero claro que tememos lo que pueda suceder, estamos en vilo, porque es una incógnita”. A su lado, Carolina López, ecuatoriana de 28 años, se aferra a la bolsa con el pavo que le ha entregado la ONG mientras acuna a Liam, de dos meses. Su primera cena de Acción de Gracias, que en otras circunstancias sería dichosa, se ve empañada por el miedo a que una orden de expulsión la separe de su hijo. “Tengo pánico por el bebé, porque si me deportan lo dejarán aquí, donde ha nacido. Mi esposo espera recibir pronto permiso para trabajar, pero parece que eso tampoco garantiza nada”, explica. Según los abogados de inmigración, el trámite en curso no exime de la deportación.
La primera, beneficiaria con el resto de su familia del denominado estatus de protección temporal (TPS, en sus siglas inglesas) por proceder de Venezuela, corre el mismo riesgo de expulsión que la segunda, inmigrante económica sin amparo legal. Para la futura Administración republicana, no hay diferencias, y los dos millones de residentes temporales legales, como Gladys Carolina y su familia —en total, el 4% de los extranjeros que vivían en EE UU en 2022, según Pew Research Center—, son hoy poco menos que un brindis al sol del complejo, y disfuncional, sistema migratorio, que ahora mismo tiene pendientes de resolución 3,7 millones de expedientes. Al ritmo actual, su tramitación llevaría cuatro años, pero pueden llegar a ser 16 bajo el plan de deportación masiva del presidente electo. Toda la operación podría costar a los contribuyentes entre 150.000 y 350.000 millones de dólares.
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