La Fiscalía colombiana imputó este viernes los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, implicada en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El escándalo tiene que ver con la malversación de 46.800 millones de pesos (poco más de 10,5 millones de dólares) de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a poblaciones del departamento de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.
Las cabezas del gigantesco entramado de corrupción fueron Olmedo López y Sneyder Pinilla, a los que el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como director y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respectivamente.
Pinilla ha dicho que el dinero de esa entidad se utilizó para pagar sobornos a Iván Name, que fue presidente del Senado, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a cambio del apoyo a las reformas que se discutían en el Congreso impulsadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro.
En la diligencia de imputación de cargos realizada hoy en Bogotá La Fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, Cristina Patiño, dijo que Ortiz “creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al transportar en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo para un total de tres 3.000 millones de pesos (unos 678.000 dólares)”.
La fiscal Patiño explicó que Ortiz recibió esos dineros “los funcionarios de la Unidad Olmedo López y Sneyder Pinilla derivados de la contratación ilícita de dicha entidad con destino al presidente del Senado de la República, Iván Name”.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la exfuncionaria recibió la plata en efectivo que “posteriormente la transportó en vehículos oficiales y entregó al entonces presidente del Congreso de la República (Iván Name), con pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos”.
La exconsejera presidencial para las Regiones no aceptó los cargos en la audiencia que fue aplazada porque hubo problemas técnicos y las comunicaciones no funcionaron.
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.
Entre los señalados figura el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y también Carlos Ramón González, que renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cercano al presidente Petro. /EFE