El artículo publicado por el profesor Francisco Rodríguez en Foreign Affairs titulado, “Un argumento a favor del acercamiento diplomático con Venezuela”, plantea que dialogar con el régimen de Nicolás Maduro sería una estrategia más efectiva que las sanciones internacionales. Sin embargo, este enfoque no solo ignora la voluntad de la mayoría de los venezolanos que han rechazado al régimen, sino que también subestima la naturaleza criminal del régimen de Maduro y los riesgos éticos de legitimarlo mediante una “soft negociación”. Abordemos este argumento punto por punto.
Rodríguez aboga por el diálogo como solución para la crisis venezolana, argumentando que las sanciones han fracasado en generar cambios. Sin embargo, el régimen de Maduro no es un gobierno convencional; es un régimen criminal señalado por cometer crímenes de lesa humanidad según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. Entre las atrocidades documentadas están ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, desapariciones forzadas, represión política masiva y otros mecanismos de terrorismo de Estado.
Negociar con un régimen de esta naturaleza sin imponer condiciones estrictas no solo es ineficaz, sino inmoral. Los regímenes criminales no negocian de buena fe. La historia reciente demuestra que Maduro utiliza el diálogo como táctica de dilación para dividir a la oposición, debilitar la presión internacional y consolidar su control sobre el poder.
Rodríguez sugiere que Maduro ha consolidado su poder y que la comunidad internacional debe aceptarlo como una realidad. Pero esto ignora que esa “estabilidad” se sustenta en un aparato de represión criminal y un sistema electoral fraudulento. Las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), aun bajo el control del régimen, demuestran que más del 70% de los venezolanos votaron en contra de Maduro. Esta realidad evidencia un rechazo masivo al régimen, a pesar del control sobre los medios de comunicación, la censura y la coacción ejercida contra la población.
Aceptar la estabilidad de Maduro sin cuestionarla equivale a legitimar un régimen criminal que se sostiene mediante el terror y el fraude. La comunidad internacional debe respaldar la voluntad del pueblo venezolano, no capitular ante un gobierno que ha destruido la democracia y los derechos humanos.
Rodríguez enfatiza la urgencia de abordar la crisis humanitaria en Venezuela, pero omite que el régimen de Maduro es el principal responsable de esta catástrofe. La emergencia humanitaria compleja no es producto de un desastre natural, sino de políticas deliberadas que han destruido el aparato productivo, saqueado los recursos del país y utilizado la ayuda humanitaria como herramienta de control político.
Negociar con un régimen que deliberadamente perpetúa la crisis humanitaria es contraproducente. La ayuda internacional debe ser administrada por organismos independientes, con mecanismos que eviten que el régimen la desvíe para alimentar sus redes de clientelismo y represión.
Cualquier análisis sobre Venezuela debe partir del reconocimiento de que el régimen de Maduro no es simplemente un gobierno autoritario, sino un Estado criminal. Maduro y su círculo cercano están acusados de liderar un esquema transnacional de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, con vínculos con organizaciones criminales como el Cártel de los Soles y grupos armados irregulares.
Un régimen de esta naturaleza no responde a incentivos diplomáticos convencionales. La “soft negociación” ha fracasado reiteradamente porque no ofrece garantías reales de justicia ni de transformación política. Tratar con regímenes criminales requiere una combinación de presión internacional sostenida, sanciones dirigidas y apoyo activo a los actores democráticos.
Rodríguez argumenta que la comunidad internacional debe aceptar a Maduro como interlocutor legítimo. Sin embargo, hacer esto sin que este reconozca el resultado de las elecciones del 28 de julio, no solo traiciona a la mayoría de los venezolanos que claman por democracia, sino que también sienta un precedente peligroso para otros regímenes autoritarios.
Legitimar al régimen de Maduro sería un golpe devastador para las fuerzas democráticas en Venezuela. Además, enviaría un mensaje a otros dictadores de que la represión, el fraude y los crímenes de lesa humanidad son tácticas viables para mantenerse en el poder.
Rodríguez minimiza el papel de la oposición, argumentando que está debilitada y dividida. Aunque enfrenta desafíos, esto no justifica ignorarla o deslegitimarla. La comunidad internacional tiene el deber de fortalecer a los actores democráticos en Venezuela, proporcionándoles apoyo político, técnico y financiero, en lugar de socavarlos mediante acuerdos con un régimen ilegítimo.
Frente a la naturaleza criminal del régimen de Maduro, la comunidad internacional debe adoptar una estrategia que combine presión y apoyo activo a los actores democráticos, incluyendo:
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Imposición de condiciones estrictas para cualquier diálogo, reconocimiento del resultado electoral, liberación de presos políticos y cese de la represión.
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Fortalecimiento de las sanciones dirigidas, enfocándolas en los responsables directos de la represión y la corrupción, mientras se minimizan los impactos sobre la población.
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Garantizar la entrega de ayuda humanitaria a través de canales independientes, evitando que el régimen la use como herramienta de control.
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Respaldar a la sociedad civil y la oposición democrática, reforzando su capacidad de organización y movilización.
El argumento de Rodríguez falla al ignorar la naturaleza criminal del régimen de Maduro y las implicaciones éticas de una negociación blanda. La comunidad internacional no puede tratar a este régimen como un gobierno legítimo; debe reconocerlo por lo que es: un Estado criminal que ha devastado a su población y destruido la democracia.
En lugar de un acercamiento diplomático sin condiciones, se debe priorizar una estrategia que combine presión sostenida y apoyo a las fuerzas democráticas, garantizando que la voluntad del pueblo venezolano sea escuchada y respetada. Sólo así se podrá avanzar hacia una solución real y justa para la crisis en Venezuela.
Cualquier sugerencia de mantener a Maduro en el poder desconoce la soberanía popular que se manifestó el 28 de julio y linda con un acto de traición a la patria.
Reflexione profesor Rodríguez.
@botellazo