Un artículo reciente publicado por David Voght y Patricia Ventura en el Atlantic Council sugiere que, a pesar del auge autocrático de Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Estados Unidos debería «apegarse a la política actual, que regula el flujo de efectivo hacia Venezuela«. Este flujo de efectivo se basa en la captación, por el Gobierno de Maduro, de «hasta el 50 por ciento de las ventas de las compañías petroleras con licencia». Este pago, aclaran los autores, se hace en bolívares, no en dólares.
Mi interés es comentar esta conclusión: «Los detractores del régimen de licencias expresan frustración por la falta de información pública». Sin embargo, «no público» no significa «opaco». Los informes detallados de todas las actividades se presentan ante la OFAC. La información sobre las operaciones de crudo está disponible en numerosas fuentes de suscripción”. En consecuencia, las licencias de la OFAC «han encontrado un camino intermedio productivo que proporciona mayor estabilidad económica, transparencia y control sobre el flujo de ingresos al régimen de Maduro».
Sin embargo, esta es una conclusión inexacta, pues no considera las condiciones institucionales bajo las cuales las empresas petroleras con licencias producen petróleo en Venezuela. Como expliqué aquí, las licencias de la OFAC no crean el problema de transparencia. Estos problemas son ocasionados por los contratos petroleros que las empresas licenciadas han firmado con PDVSA.
El punto de partida es entender cómo se produce el petróleo bajo las licencias de la OFAC. No hay información pública sobre ese tema. Aun así, con base en la Licencia General No. 41 y comunicados de prensa, es posible concluir que el accionista minoritario de las empresas mixtas firmó un «contrato de participación productiva» (CPP). En virtud de este contrato, el accionista minoritario de la empresa mixta produce y comercializa petróleo y luego distribuye los ingresos petroleros para pagar la deuda que mantiene con PDVSA, cubrir los gastos operativos y pagar (o proporcionar el pago de) el llamado government take, o sea, los ingresos fiscales que capta el Gobierno. Cabe aclarar que Chevron, y no las empresas mixtas, está autorizada por la Licencia General No. 41 para realizar actividades petroleras.
Sin embargo, las empresas petroleras internacionales no pueden producir ni comercializar petróleo según el Derecho de Venezuela. ¿Cómo eludió PDVSA esta prohibición? La respuesta está en la Ley Antibloqueo, una legislación inconstitucional aprobada por la ya extinta Asamblea Constituyente. Esta ley consolida en el Poder Ejecutivo el poder ilimitado para reorganizar PDVSA y tomar cualquier decisión respecto a las actividades petroleras, desconociendo lo dispuesto en la legislación petrolera y, lo que es más importante, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por lo tanto, los contratos cubiertos por las licencias de la OFAC se basan en la Ley Antibloqueo.
La Ley Antibloqueo no sólo socava la separación de poderes, sino que también impone el secreto de todos los contratos suscritos de conformidad con sus disposiciones. En consecuencia, las actividades de las empresas petroleras autorizadas por la OFAC se llevan a cabo bajo estas reglas de opacidad. Existe una falta de información sobre los CPPs que, en todo caso, no se han sometido al control de la Asamblea Nacional. Los detalles sobre los acuerdos de reestructuración de deuda entre los accionistas minoritarios y PDVSA siguen sin ser revelados. Además, no se han hecho públicos los mecanismos financieros para distribuir los ingresos petroleros. En última instancia, el uso de los ingresos petroleros por parte de Maduro también está envuelto en opacidad.
Según las estimaciones de Voght y Ventura, Maduro recibe aproximadamente 3.200 millones de dólares anuales en rentas petroleras administradas bajo la regla de opacidad impuesta por la Ley Antibloqueo. Desde el punto de vista de la transparencia, no es relevante que esos ingresos se paguen en bolívares. La cuestión clave es que los ingresos petroleros se recaudan y distribuyen sin rendición de cuentas ni transparencia.
Las reglas de opacidad agravan la decadencia institucional en Venezuela, que tiene el peor índice de Estado de Derecho del mundo y es considerado uno de los países más corruptos. Peor aún, la opacidad favorece el uso de los ingresos petroleros para financiar graves violaciones de los derechos humanos debido al resurgimiento autoritario después de las elecciones presidenciales.
Es imposible concluir, como lo hicieron Voght y Ventura, que los negocios petroleros cubiertos por las licencias de la OFAC proporcionan «transparencia y control sobre el flujo de ingresos al régimen de Maduro». Es todo lo contrario, pues la Ley Antibloqueo rige a esos negocios petroleros, violando la transparencia y fomentando la corrupción en el flujo de ingresos al régimen de Maduro.
Soy consciente de que las licencias de la OFAC no son responsables de la grave violación del principio de transparencia. Pero hay una contradicción que no se puede ignorar. El Gobierno de Estados Unidos cuestionó a la Asamblea Constituyente de 2017 como un organismo ilegítimo, a pesar de que está otorgando licencias petroleras que solo pueden ejecutarse en Venezuela sobre la base de una legislación inconstitucional -precisamente- aprobada por ese órgano ilegítimo.
Una posible respuesta a esta crítica es que, comparada con la «máxima presión», la opacidad impuesta por la Ley Antibloqueo es un «mal menor». Pero es un mal, sin embargo, que aumenta la capacidad financiera de Maduro en condiciones opacas, lo que solo podría exacerbar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.
Y que quede claro: no creo que una alternativa sea volver a la política de sanciones de 2019 porque las condiciones actuales son diferentes. Sin embargo, defender el statu quo como una situación que favorece la transparencia y el buen uso de los recursos petroleros, creo que es muy inexacto.
En conclusión, el problema no radica en la naturaleza “no pública” de las licencias de la OFAC, sino en la opacidad que rodea al modelo de Chevron por imposición de la inconstitucional Ley Antibloqueo, la cual agrava, más todavía, el declive institucional y la cleptocracia.