Desapariciones forzadas: La tragedia silenciada en el deslave de Vargas, el peor desastre natural de Venezuela

Desapariciones forzadas: La tragedia silenciada en el deslave de Vargas, el peor desastre natural de Venezuela

Alejandra Iriarte de Blanco tiene un cuarto de siglo buscando a su esposo, quien fue detenido en su casa por militares en medio de la llamada “tragedia de Vargas”.

 

“Desde 1999 no pongo el arbolito de Navidad. A mi esposo le encantaba decorar la casa, pero a mí se me quitaron las ganas cuando me lo quitaron a él”.

Así inicia Alejandra Iriarte de Blanco el relato de lo que ella y sus hijos comenzaron a vivir hace un cuarto de siglo en Venezuela, luego de que su marido, Oscar Blanco Romero, fuera sacado de su casa, en el costero estado Vargas, por unos militares y nunca regresara.





Por Juan Francisco Alonso / bbc.com

Todo ocurrió en la tarde del 21 de diciembre de 1999, seis días después de que los venezolanos aprobaran en un referendo la Constitución impulsada por el entonces flamante nuevo presidente del país, Hugo Chávez, y la cual contiene un capítulo entero dedicado a los derechos humanos y a condenar expresamente la desaparición forzada de personas.

La votación del texto también coincidió con unas torrenciales lluvias que el 15 de diciembre de 1999, hace ahora 25 años, provocaron una serie de inundaciones y deslizamientos de tierras que borraron del mapa localidades enteras de Vargas, colindante a Caracas y frente al Mar Caribe.

En medio del desastre natural, el cual es considerado el peor en la historia del país, pues dejó miles de damnificados y un número no determinado de víctimas (hay estimaciones que van de los 700 hasta los 30.000), se produjeron saqueos y alteraciones al orden público en algunas de las zonas golpeadas por la catástrofe. Para restablecer el orden, las autoridades enviaron a los militares y también a agentes de los servicios de inteligencia.

El de Oscar Blanco Romero es uno de los tres casos de desapariciones forzadas ocurridas en Venezuela, en medio de la tragedia de 1999, que estudió la Corte Interamericana.

 

Hasta “entre las piedras”

Los uniformados pusieron fin a los actos vandálicos, pero a un alto costo, denunciaron organizaciones de derechos humanos.

“Las fuerzas de seguridad desarrollaron una serie de procedimientos que implicaron una especie de suspensión de facto de las garantías constitucionales y durante los cuales ocurrieron una serie de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”, afirmó a BBC Mundo Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic).

Esta organización que junto a la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas viene representando desde entonces a los familiares de los desaparecidos ante la justicia nacional e internacional.

Desde el sitio donde ocurrieron los hechos, Alejandra Iriarte cuenta a BBC Mundo lo que vivió hace 25 años.

“Yo estaba en la casa vecina tratando de secar una ropa, porque todo estaba mojado y al poco de volver escucho que están golpeando la puerta y al abrir entraron unos militares”, narra.

“Los militares se metieron y empezaron a destrozar todo, nos dejaron sin nada. A mis hijos les decían que se callaran, que no lloraran y yo preguntaba: ‘¿Qué pasó?’ Y me ordenaron que me callara, mientras se llevaban a mi esposo“, añade.

Iriarte aseguró que en la zona donde reside no se produjeron saqueos y que su marido no participó en los ocurridos en otras áreas.

No estábamos pendientes de saqueos ni nada (…) ¿quién iba a estar pendiente de saquear en una tragedia tan horrible, donde las aguas arrastraban casas y la gente se lanzaba desde los edificios?”, agrega.

Las torrenciales lluvias que a finales de 1999 asolaron parte de Venezuela provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra que borraron del mapa localidades enteras de la costa del país.

 

Al ver que pasaban las horas y su marido no regresaba, salió a buscarlo.

Primero fue hasta un improvisado puesto de comando que los miembros del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 422 “Coronel Antonio Nicolás Briceño” habían instalado en una casa cercana que estaba desocupada, pero no lo encontró allí.

‘Todos los detenidos se los entregamos a la Disip (extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención y antecesora del actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin)’: fue lo que me dijeron”, recuerda.

Iriarte inició entonces un recorrido que duraría meses y que la llevó a Caracas, a la sede central de la Disip, a visitar varias morgues y hospitales e incluso a la cárcel de Tocorón, a 130 kilómetros al oeste de la capital venezolana. Y no encontró a su marido.

“Caminé y busqué por todas partes. Tuve que cruzar ríos crecidos y pasar por zonas donde había cadáveres de quienes murieron en las inundaciones y los deslaves”, rememora.

“Seguí lo que nos decían las personas: que si lo tiraron por allá en un río o entre unas piedras, pero nada. Tengo 25 años buscándolo y nada que aparece“, remata.

Para leer la nota completa pulse Aquí