Aunque no hay muchos detalles del ambicioso plan de deportaciones anunciado por Donald Trump, el presidente electo ha dejado claro que empezará por expulsar del país a los migrantes indocumentados que hayan sido condenados por algún delito y aquellos que ya tengan orden de deportación. Lo que no es tan evidente es a quienes se refiere. Durante su campaña electoral, el magnate se apoyó en algunos datos para difundir la idea de que la Administración de Joe Biden abrió las puertas a los delincuentes, que llegaban a Estados Unidos desde cárceles de otros países, justificando así sus promesas de expulsarlos a todos. En varias ocasiones, Trump reiteró que hay 13.000 asesinos indocumentados sueltos vagando por el país. La realidad, sin embargo, es otra.
Por Patricia Caro | EL PAÍS
“Se trata de personas que han sido condenadas por homicidio en los últimos 40 o 50 años, y lo único que significa es que hay 13.000 de ellos que no están bajo custodia de inmigración, lo que significa que o están en prisión o fueron deportados de Estados Unidos, o están muertos. No son personas que deambulan libres por el país”, explica Alex Nowrasteh, vicepresidente de Estudios Económicos y de Política Social del instituto CATO. Por no estar en las dependencias controladas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), asumen que vagan por las calles.
El discurso sobre el peligro que los migrantes indocumentados suponen para los ciudadanos fue fundamental para que muchos votantes apoyaran a Trump en sus planes de aplicar mano dura contra ellos. En torno a la mitad de la población aprueba las deportaciones masivas.
Sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que los indocumentados cometen menos crímenes que los migrantes documentados y que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. El único Estado que tiene en cuenta la diferenciación en sus estadísticas es Texas y los expertos lo usan como referencia para el resto del país. Cuando un agente policial de Texas arresta a alguien, tiene que buscar el lugar de nacimiento y ciudadanía de esa persona. Para hacerlo, las agencias envían las huellas dactilares del detenido al Departamento de Seguridad Nacional, que informa de su estado migratorio.
Entre 2012 y 2018 en Texas, la tasa total de arrestos por delitos violentos fue de 213 por 100.000 para ciudadanos nacidos en Estados Unidos y 96,2 por 100.000 para inmigrantes indocumentados. Y según datos recogidos por CATO, un total de 1.336 personas fueron condenadas por homicidio en Texas en 2022. De ellas, 1.209 eran estadounidenses nativos, 67 eran inmigrantes ilegales y 60 eran inmigrantes legales. Los inmigrantes ilegales constituían alrededor del 7,1% de la población del Estado fronterizo en 2022, pero representaban solo el 5% de las personas condenadas por homicidio. Para el resto de los delitos como agresión, agresión sexual, robo, hurto e incendio provocado, el patrón es parecido y las tasas de delincuencia de los inmigrantes indocumentados son más bajas que las de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. También en el caso de delitos relacionados con drogas, los indocumentados tiene menos de la mitad de probabilidades de ser arrestados que los ciudadanos estadounidenses nativos.
Uno de los motivos que lo explican es que después de arriesgar la vida en largas travesías no tiene sentido exponerse a una expulsión. Los migrantes recorren miles de kilómetros atravesando selva y desierto y sobreviven a la violencia de las mafias que operan a lo largo del camino en busca de una vida mejor. Arriesgarse a ser devuelto a sus países de origen no parece una idea muy atractiva. “Temen ser arrestados, por lo que no cometen delitos”, explica Nowrasteh.
Texas es la excepción y la mayoría de los estudios tratan a todos los migrantes como un grupo uniforme, independientemente de si se encuentran legalmente en el país. Como grupo, los migrantes han tenido tasas de encarcelamiento más bajas que los nacidos en Estados Unidos durante 150 años y han disminuido desde 1960: los inmigrantes hoy tienen un 60% menos de probabilidades de ser encarcelados que los nacidos en Estados Unidos, según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica.
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