La elección de Donald Trump para un segundo mandato ha alterado el curso normal de la vida de una parte de la comunidad latina en Estados Unidos. Hay miedo a que haga buena su promesa de deportar a los millones de indocumentados que llevan años viviendo en el país. En los centros de ayuda a inmigrantes del condado de Los Ángeles -el más poblado del país-, el número de llamadas se ha disparado en las últimas semanas y hay colas para recibir asesoramiento legal. Ya se están registrando casos de absentismo laboral por temor a las detenciones y de niños que dicen tener miedo a que a sus padres se los lleven las autoridades mientras están en el colegio.
Por El Mundo
“Esto va en serio”, afirma a EL MUNDO Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés). “Lo que el presidente Trump promete lo cumple, al menos en materia de inmigración. Le tomamos la palabra, por lo que la preocupación de la comunidad hispana debe ser real”.
Cabrera recuerda la “multitud de programas” que Trump puso en marcha durante sus primeros cuatro años de Gobierno para detener el flujo de inmigrantes en la frontera, con especial énfasis en la separación de niños de sus padres que tanta polémica y rechazo despertó, incluso entre su propia hija, Ivanka Trump. Lo tachó del momento más bajo de la presidencia de su padre.
Pero lejos de hacerle cambiar, el presidente electo ha intensificado su retórica en esa dirección. La prueba está en el equipo de línea dura que ha formado para ejecutar su promesa, con Tom Homan como su “zar de la frontera”, Stephen Miller como subdirector de gabinete en la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional del presidente, y Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, como secretaria de Seguridad Nacional -el equivalente a la ministra de Interior en España-.
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