“¡Exprópiese!”.
El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez convirtió esta palabra en su grito de guerra y desde 2007 la utilizó para anunciar la estatización de fábricas, bancos, hoteles, empresas de telecomunicaciones y de energía, así como de cinco millones de hectáreas de tierras.
Por Juan Francisco Alonso / bbc.com
Las expropiaciones fueron uno de los pilares en los que se asentaba el nuevo modelo político, económico y social que el mandatario impulsó en el país a principios de los años 2000: el llamado socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, su sucesor desde 2013, Nicolás Maduro, quien se proclama “hijo de Chávez” y defensor de su legado, en el último lustro y sin muchas estridencias se ha ido alejando del proyecto económico de su mentor.
El mandatario, que pese a los cuestionamientos sobre su legitimidad espera iniciar el 10 de enero un tercer mandato, ha dejado a un lado el enfrentamiento con los empresarios que marcó tanto el inicio de su gestión como la de Chávez, y ha optado por tender puentes hacia ellos.
“¿Para qué sirvió el conflicto estéril, la guerra entre nosotros y el no escucharnos? Para el retroceso y para infligirnos daños (…) Saquemos la economía de la diatriba y la guerra política y concentrémonos en trabajar para producir”, pidió el gobernante a los industriales y ganaderos venezolanos en julio pasado, buscando que el conflicto político interno no se traslade a la economía.
Y para ello, además de las palabras, Maduro ha tomado medidas concretas. En los últimos años, ha devuelto centros comerciales y fincas a sus dueños originales e incluso se ha abierto a la posibilidad de privatizar empresas.
En noviembre, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró que el gobierno planeaba transferir al capital privado 350 empresas de las que el Estado se hizo cargo en las últimas dos décadas.
Todos estos gestos hacen creer que el país sudamericano consolida un nuevo modelo que algunos expertos han definido como “capitalismo autoritario”.
La permanencia de la “élite gobernante”
Pero ¿qué es el capitalismo autoritario y cuáles son sus características?
“Es un sistema donde se permite al capital privado enriquecerse, pero en el que, simultáneamente, se socavan los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos para favorecer la permanencia en el poder de las élites gobernantes“, explicó a BBC Mundo Antulio Rosales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de York (Canadá).
En similares términos se pronuncia el politólogo Guillermo Tell Aveledo, quien, sin embargo, cree que el capitalismo autoritario venezolano no es convencional.
“La ‘apertura’ carece de una racionalidad económica profunda, mientras que el sistema político permanece cerrado y fuertemente centralizado. Este esquema no representa una ruptura con el socialismo del siglo XXI, sino que es una adaptación pragmática que busca perpetuar el poder bajo nuevas condiciones“, puntualizó a BBC Mundo el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas.
En el último lustro, los venezolanos han visto como, casi de la noche a la mañana, desaparecieron los controles de precios y de divisas vigentes desde 2003; se despenalizó el uso del dólar internamente, hubo una dolarización de facto de la economía que redujo la inflación; y se relajaron los trámites para importar productos.
La medidas pusieron fin a la acuciante escasez de alimentos y medicamentos, desatada tanto por las regulaciones de precios como por la mala gestión de las empresas estatizadas.
Sobre todo en Caracas, la capital, proliferan negocios pensados para el consumidor de clase alta que eran imposibles de ver hace apenas cinco o siete años.
Sin embargo, junto a ese boom de mayor consumo y lujo también se dispararon los precios de los productos y servicios y sumieron a millones en la pobreza, pues las medidas no vinieron acompañadas de ningún plan compensatorio.
El pragmatismo
Los ajustes sirvieron para que el país saliera de la histórica hiperinflación en la que entró en 2017 y para que su economía tenga 13 trimestres consecutivos creciendo, según datos el Banco Central de Venezuela (BCV).
Para los expertos consultados este giro no fue producto de una revisión ideológica ni de una rectificación por parte de las autoridades, sino que fue algo forzado por las circunstancias.
“La apertura se da porque colapsa la renta petrolera, debido a la combinación de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales que se produce a partir de 2014 y de la reducción de la producción nacional”, afirmó a BBC Mundo el economista Francisco Monaldi.
El petróleo es la principal fuente de divisas de Venezuela, pero de producir tres millones de barriles diarios a principios del siglo, el país pasó a medio millón en 2020, una caída que dejó al Estado sin más del 90% de sus ingresos, dijo Maduro en julio pasado.
“La falta de dinero obligó a las autoridades a acudir a aquellos que podían tenerlo y a los que tradicionalmente vio como sus enemigos: los empresarios“, precisó Monaldi, profesor de la Universidad de Rice (Estados Unidos).
Antulio Rosales, por su parte, también considera que el giro económico fue impuesto por la crisis generada por el propio modelo socialista, pero agregó otro factor externo: las sanciones que distintos gobiernos han impuesto en los últimos años al gobierno de Maduro por socavar la democracia y violar derechos humanos.
“El gobierno vio obstaculizado los caminos para continuar con el socialismo rentístico, es decir, para vender petróleo en el mercado internacional y redistribuir esos fondos internamente. Esto, sumado a las presiones internas (malestar social y protestas) por la escasez y la inflación, lo forzaron a generar ciertas aperturas para continuar en el poder“, agrega el economista.
El grueso de las sanciones impuestas en los últimos años por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países han estado dirigidas contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos o sus allegados.
No obstante, algunas de estas medidas han sido dirigidas en contra de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), del Banco Central (BCV) y de otras instancias gubernamentales, las cuales han visto cómo se le cerraban las puertas a los mercados internacionales tradicionales.
Monaldi, por su parte, cree que las sanciones internacionales solo fueron un ingrediente más.
“En 2017, cuando se impusieron las sanciones financieras (a Pdvsa y al BCV) Venezuela estaba a punto de un default financiero [impago de deuda] generalizado”, recordó el economista, quien insiste en que la razón fundamental del giro dado por el gobierno fue la crisis económica “autoinfligida” que estalló en 2017.
“Las hiperinflaciones llevan a los gobiernos a ser pragmáticos, inclusive a aquellos que son más de izquierda”, dice.
Y como prueba de lo anterior menciona dos decisiones que, según él, hubieran sido imposibles de imaginar hace un par de años atrás.
La primera, la aceptación de que la petrolera estadounidense Chevron maneje la empresa mixta que tiene con Pdvsa, pese a que la legislación venezolana lo prohíbe; y la segunda, la entrega de Ferrominera del Orinoco, la mayor productora de hierro del país, a la empresa india Jindal.
Las sanciones personales llevaron también a que muchos emprendedores con fortunas invirtieran en negocios en el país y demandaran en casa un consumo de alto valor que antes podían satisfacer en el extranjero.
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