La ONG venezolana Cofavic lamentó hoy que 24 años después de la revuelta popular conocida como el “caracazo” no exista una sola condena judicial ni se haya identificado completamente a los desaparecidos en esos hechos que, según diversas cifras, se cobraron entre 300 y 3.000 vidas.
“A 24 años del ‘caracazo’ lo primero que hay que decir es que por estos hechos no hay una sola condena judicial y aún los restos de las víctimas desaparecidas no han sido plenamente identificados y entregados a sus deudos”, declaró a Efe la directora ejecutiva de Cofavic, Liliana Ortega.
El Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic) señaló que cada aniversario se promueve la idea de que se ha hecho justicia, lo que, a su juicio, lleva a invisibilizar a las víctimas y crear una verdad “oficial hecha a la medida del Gobierno de turno”.
El Gobierno juramentó hoy a una Comisión de la Verdad para que investigue el “terrorismo de Estado” entre 1958 y 1998, cuando ganó las elecciones el presidente, Hugo Chávez.
Ortega opinó que una comisión de ese tipo debe cumplir unas “condiciones mínimas” entre las que citó una participación plural.
“Lamentablemente en estos 24 años se mantiene ese uso proselitista de los hechos del ‘caracazo'”, agregó Ortega, quien consideró que la verdad y la justicia “siguen siendo deudas pendientes”.
El 27 de febrero de 1989 comenzó en las barriadas populares de Caracas una revuelta popular en rechazo a las alzas de precios y tarifas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue sofocada a balazos por militares y policías.
El parte oficial de entonces cifró en unos 300 los muertos, mientras versiones de prensa estimaron en hasta 3.000 las víctimas que dejó la represión entre el 27 y 28 de febrero de 1989 durante el segundo Gobierno del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez.
Ortega apuntó que ninguna de las democracias de América Latina ha tardado 24 años “para dar a conocer a los autores intelectuales y materiales de una masacre de las dimensiones del ‘caracazo'”.
Consideró que ha faltado “voluntad política” para buscar una “respuesta despolitizada”.
La activista admitió que “hay ausencia de cifras oficiales confiables” al detallar que el Estado al principio presentó un listado de 274 personas y después en la década de los 90 se habló de 400, lo que incluía muertos, heridos y algunos sobrevivientes.
Explicó que esta ONG manejaba en 1989 la cifra de casi 500 presuntos asesinados, pero advirtió que la aparición de fosas clandestinas “desvirtúan” las cifras manejadas sobre estos hechos.
Consideró que no se logrará una cifra total hasta que no se puedan identificar las víctimas o entregar los restos a las familiares de las víctimas. EFE