El Gobierno pretende cobrar las casas entregadas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero se encontró con una pared edificada por la anterior gestión, la de Hugo Chávez. La gerencia de Nicolás Maduro se enfrentará a grandes trabas antes de recaudar lo que considere justo.
Semanas atrás, Maduro anunció que el Gobierno ha entregado 381 mil viviendas, pero “nadie paga ni medio”, por lo que será imposible sostener el gasto y las inversiones durante los años posteriores. “Las cosas no pueden regalarse”.
ElCarabobeño/ Luis Carías
Lo que propone el mandatario es de hecho una idea repetida de la denominada Cuarta República quien empezó a otorgar gratuitamente las viviendas fue Hugo Chávez.
El Gobierno ya informó que las viviendas serán canceladas según las capacidades de pago de los beneficiarios, a través de un esquema de pago acorde a los ingresos de las familias.
Al hacerlo creó el primero de los inconvenientes. La propiedad ya se entregó, expone Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur). En el pasado, el pago era un compromiso del solicitante previo a la adquisición del inmueble. “Se dificultará el cobro sin un compromiso previo”.
El segundo problema se remonta al origen mismo de la Misión Vivienda. Cuando Chávez ideó edificar dos millones de viviendas para acabar con el déficit habitacional, se encontró con una barrera: carencia de terrenos para construir.
Fue entonces cuando optó por su popular política de expropiación y se hizo con estacionamientos y terrenos baldíos, pero nunca se indemnizó a sus propietarios, narró Orta. “Si el Estado no tiene el terreno, menos podrá entregar el derecho de propiedad a los adjudicados”.
Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, enumeró los permisos que solicita la banca para prestar recursos. Se necesitan documentos de condominio, propiedad, opción de compra, permisos municipales, ambiente y bomberos. “Si no es dueño, no podrá tener la propiedad”.
Viraje
El último inconveniente es el tipo de propiedad que planificó entregar el Gobierno. Con la Ley de Propiedad de Vivienda Familiar, se entregaba una que no se podía revender ni alquilar. “Evidentemente, la gente no va a pagar por algo que realmente no es propiedad privada”.
Según Orta, motivaría un cambio de ideología en la normativa que se pretendía aplicar inicialmente, lo cual daría un viro al Gobierno en su forma de ver y manejar la política.
En caso contrario, si el Gobierno únicamente pretende entregar un certificado de adjudicación, nadie podría siquiera heredar su casa. “Legalmente, si se paga, la persona es propietario; sino, carece de sentido.
Más y más problemas
Martini Pietri observó otra pared. El monto máximo de venta de una vivienda es de 500 mil bolívares, mientras que las leyes estipulan que pueden subsidiar hasta un tope de 270 mil bolívares.
Si los precios llegan a 500 mil bolívares, pero los subsidios máximos alcanzan 270 mil bolívares, surge la primera complicación. Para solicitar un crédito tan alto, se necesitan ganar más de 20 mil bolívares mensuales. “Hay una gran distorsión en las normas”.