Un tribunal de Carolina del Norte (EE.UU.) condenó hoy a dos años y dos meses de cárcel a un exdirectivo de Bank of America por su papel en un esquema de fraude relacionado con la inversión en bonos y contratos de financiación municipales, informó el Departamento de Justicia, reseña EFE.
Phillip D. Murphy, director de la entidad entre 1998 y 2002 para los productos financieros de entidades locales, se declaró culpable en febrero de 2014 por participar en múltiples conspiraciones entre 1998 y 2006, junto a otros 16 individuos, que también confesaron los hechos.
En un comunicado, el Departamento de Justicia destacó que en el esquema de fraude estaban implicados, además de Murphy, empleados de Rubin/Chambers Dunhill Insurance Services Inc., compañía fundada en 1986 en California y que intercede en operaciones financieras para contratos municipales.
En su cargo como máximo responsable de las operaciones del banco relacionadas con entidades locales, Murphy escribió falsas entradas en los informes e hizo declaraciones fraudulentas, que fueron enviadas a la dirección del banco, según el Departamento de Justicia.
Bank of America y otras instituciones financieras, actuando como “proveedores”, ofrecen contratos, conocidos como acuerdos de inversión, a los Gobiernos estatales y locales de Estados Unidos, así como a los organismos y entidades sin ánimo de lucro del país.
Estas entidades públicas buscan invertir el dinero en una variedad de fuentes, principalmente en bonos municipales con los que luego llevan a cabo proyectos públicos y, para ello, suelen contratar a un bróker para que decida en qué proyectos deben de invertir, explicó el Departamento de Justicia.
En este plano, es en el que Murphy manipuló el proceso de licitación, de forma que algunos proveedores ganaron los acuerdos de inversión y otros contratos de financiación municipal a precios determinados artificialmente.
Murphy también presentó ante las entidades locales determinadas ofertas de inversión con las que buscaba perder intencionalmente e, incluso, se comprometió a pagar sobornos, violando las regulaciones del Tesoro estadounidense.
Como resultado de ese proceder, las entidades municipales se guiaron por informaciones falsas para conceder los contratos y se dificultó la labor del Servicio de Rentas Internas (IRS) para recabar fondos por estas concesiones que le correspondían al Tesoro.
“La responsabilidad individual es la piedra angular para la protección de la integridad de nuestros mercados financieros”, destacó en un comunicado el fiscal general adjunto del Programa de Ejecución Penal de la División Antimonopolios, Brent Snyder.
“Esta sentencia es el resultado de nuestra determinación continua de enjuiciar enérgicamente a los ejecutivos bancarios cuya codicia y esquemas ilegales socavan nuestros mercados financieros libres y justos”, resaltó el funcionario estadounidense.