Desde Platón en adelante, los paternalistas han argumentado que los individuos estarían mejor si fuesen protegidos de las mentiras, la desinformación, y el “mal discurso”. En cambio, los liberales piensan que los individuos son capaces de discernir sus propios ideales e intereses, libres de la supervisión de “aquellos que saben”. Para los liberales, tales restricciones “elevan la sociedad y el estado al comando despótico y…reducen al individuo al control arbitrario de otros”.
En EE.UU. este argumento liberal a favor de la expresión dejó plasmados límites constitucionales al paternalismo estatal. Aquellos límites “no permiten que el Estado prohíba o proscriba la promoción del uso de la fuerza de o de la violación de la ley excepto cuando tal promoción está dirigida a incitar o producir una acción inminentemente ilegal y es probable que incite o produzca dicha acción”.
¿Qué hay de la expresión que podría perjudicar a sus oyentes o lectores? Las cláusulas de religión de la Primera Enmienda significan que el Estado no puede proteger las almas inmortales de sus ciudadanos. En teoría, el discurso obsceno puede ser censurado; de hecho, los desacuerdos acerca de la definición de obscenidad han obstaculizado las restricciones. Gracias a la Primera Enmienda, el Estado no puede actuar como un padre que supervisa lo que los niños dicen y escuchan. Los adultos tienen el derecho y la responsabilidad de hablar, escuchar, y discernir la verdad en un mundo muchas veces lleno de afirmaciones inciertas y simples mentiras.
Los foros privados de expresión, como las redes sociales, son distintos. Estos no están obligados a obedecer la Primera Enmienda. Pero, ¿por qué? Aquí nuevamente el individuo importa. Los individuos quieren cosas, otros las proveen, y los acuerdos consensuales los reúnen. Aquellos que crean negocios buscan maximizar sus ganancias; la tolerancia por parte de las plataformas de algunos tipos de expresiones reduciría sus ingresos. Un individuo o grupo de individuos poseen la plataforma; ellos podrían excluir expresiones que reducen sus ganancias. De manera más general, nadie tiene derecho a usar la propiedad de otras personas sin su consentimiento. El dueño de una plataforma, a diferencia de un funcionario público, puede suprimir una expresión que encuentra ofensiva. De hecho, la ley federal le da el poder de hacerlo.
Algunos ven un conflicto entre los derechos de propiedad y las libertades civiles. Los dueños de las plataformas podrían suprimir el discurso de sus oponentes políticos y esto es percibido un peligro para el bien común. Los reprimidos dicen en respuesta que la expresión debería ser libre en “la nueva esfera pública” de las redes sociales. Los derechos de propiedad deben dar paso a la “libertad de expresión”, siendo los funcionarios estatales los improbables campeones de la misma.
Aún así los usuarios de las redes sociales puede que deseen el paternalismo de la expresión. Puede que deseen ser protegidos de las expresiones extremas o que les digan “la verdad” en una era confusa en la que todo parece estar cuestionado. Y las redes sociales son plataformas de múltiples lados. Los anunciantes, quienes pagan a las redes sociales para direccionar sus comerciales, quieren que los usuarios vengan y se quedan en las plataformas. A ellos les importa poco por qué los usuarios vienen y se quedan.
De cualquier forma, ellos no quieren que los comerciales para sus marcas estén cerca de expresiones extremas. La moderación de contenidos por parte de las redes sociales puede que sea menos una imposición política y más una necesidad del negocio. Incluso si los administradores de las redes sociales no tienen deseo alguno de supervisar a sus usuarios, estos todavía deben aprobar una prueba de mercado por el bien de sus accionistas. Quizás proveer una medida de protección es parte del producto de la red social. Y esa medida de protección puede que no sea pequeña. La gente quiere lo que quiere, y los negocios en sí están ahí para satisfacer, no para juzgar, esos deseos.
No deberíamos exagerar la novedad de tales protecciones. Los medios tradicionales pequeños y grandes muchas veces confirmaban en lugar de cuestionar las opiniones de sus lectores proveyendo por lo tanto un camino sin problemas hacia las conclusiones familiares. El control de contenidos más antiguo era un tipo de moderación de contenidos que ofrecía seguridad (entre otras cosas) para aquellos que la buscaban. El poder de los moderadores elevaba los costos de alcanzar una audiencia; muchas ideas permanecieron al margen del debate público. Ahora tenemos menos barreras y costos más bajos para llegar a los lectores u oyentes. Esa es una explicación, no una justificación de la situación actual. Aquellos que desean vivir en una sociedad libre deberían estar a la altura de los ideales liberales.
La mayoría de las filosofías políticas muchas veces son traicionadas por las realidades. Los liberales ponen al individuo en el centro de la sociedad. También demandan mucho de cada individuo, entre esto la fortaleza de diferenciar entre las buenas y las malas ideas (y votar) según sus resultados. Los individuos puede que no quieran satisfacer esas demandas. A ratos, puede que deseen seguridad, protección y un mundo libre de enemigos y con pocas dudas. Muchos ven a los moderadores de contenido como los censores políticamente correctos o como los cómplices de la injusticia social. Pero los liberales entre ellos deberían ser vistos en otra luz, como personas ordinarias luchando con un dilema creado por nuestro fracaso de estar a la altura de los ideales liberales. Pero es nuestro fracaso de estar a la altura del individualismo, en lugar del poder de los moderadores de las redes sociales, lo que nos debería preocupar a todos.
John Samples dirige el Centro pare el Gobierno Representativo de Cato, el cual estudia el efecto del Estado en la sociedad civil y la contribución positiva para la libertad de un gobierno limitado constitucionalmente.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 7 de agosto de 2020