Desde hace cinco años en el sector público en Venezuela, un profesional con 25 años de servicio y especialización o doctorado, puede tener un salario similar a un trabajador que no ha realizado nunca estudios universitarios. Sindicatos denuncian que el gobierno ha aplicado una política destructiva del valor del trabajo, aplanando las tablas salariales y eliminando de facto las convenciones colectivas que hoy son letra muerta para la administración pública, aunque trabajadores siguen protestando por reivindicaciones y derechos laborales.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
“El gobierno ha barrido con el salario de los trabajadores, manteniendo por cuatro años una hiperinflación, sin aplicar un programa económico que le permita a los trabajadores recobrar su poder adquisitivo. El Banco Mundial establece que un trabajador está en pobreza extrema cuando gana 1.9 dólares diarios. En Venezuela el salario promedio del sector público oscila entre tres y cuatro dólares al mes”, expresó León Arismendi, director del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
Esta organización civil, ubicó a Lara en el mes de febrero como el estado que más protestas laborales contabilizó, concentrando el 27% del total de los conflictos en el país, siendo el gremio docente y el sector salud los que más alzaron su voz, solicitando incrementos salariales que estén por encima del valor de una canasta básica familiar, que según el Centro de Documentación y Análisis para los trabajadores (CENDA), en marzo se ubicó en 612 millones 900 mil 945 bolívares o 322 dólares. También exigieron mejores condiciones laborales para poder servir en pandemia.
Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Lara, indicó que el sector universitario ha sido uno de los más golpeados en el último lustro. De acuerdo a las tablas salariales del gremio, en 2017 un profesor titular, con maestría o especialización, percibía 382.443 bolívares al mes, que según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), equivalía a 529 dólares. Con indignación ahora señala que las tablas salariales de marzo reflejan que el salario de un titular es seis millones 904 mil 218 bolívares mensual, es decir, 2,7 dólares. Con ese monto no se pueden comprar ni un kilo de queso, que en el mercado ya supera los ocho millones de bolívares.
“El detonante de la crisis para el sector público ocurrió luego de la segunda reconversión monetaria, realizada por el régimen en agosto de 2018. Porque metieron en un mismo saco a profesores titulares, a instructores, asistentes, obreros y administrativos, llegando a tener un salario que muchas veces se diferencia por 500 mil bolívares entre un cargo y otro. Antes cada vez que el Ejecutivo Nacional incrementaba el salario mínimo las tablas salariales del sector universitario eran homologadas, eso ahora se desconoce. El gobierno logró politizar el salario con su ideología socialista y nos igualó a todos a la miseria”, soltó. Hace 15 años atrás la docente aseguraba que con su sueldo se podía comprar casa, carro y hasta darse el lujo de viajar por el mundo, ahora no pueden ni comer.
En las tablas salariales de marzo de este gremio, un obrero universitario grado siete (Más de 20 años de servicio), percibe solamente 50 centavos de dólar menos que un docente instructor que se acaba de graduar. “Por eso muchos docentes prefieren dedicarse a ser buhoneros, a vender tortas o helados en sus casas que a dar clases. El gremio está afectado por la crisis humanitaria compleja, quienes no tiene un hijo o familiar en el exterior que los ayude económicamente, están muriendo por la crisis humanitaria compleja”, precisó Terán, quien en dos años (2019 y 2020) contabilizó 60 docentes de la UPEL fallecidos por no tener dinero para acceder a su tratamiento médico.
Pablo Zambrano, secretario de la Federación nacional de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), indicó que desde que Nicolás Maduro llegó al poder el salario del sector público ha ido palo abajo. “Crearon el Memorando 2792 que no permite las discusiones de los contratos colectivos, simplemente los salarios se imponen. Han centralizado las nóminas en las regiones y hay sectores como el universitario, cuya autonomía fue violada y están recibiendo el pago de sus quincenas vía sistema Patria”, condenó.
Beneficios fueron aniquilados
Euribiades Verdú, presidente del Colegio Nacional de Profesores, indicó que hasta el 2017 los educadores tuvieron salarios que les permitieron vivir un estatus social de clase media. Recuerda que durante la gestión del exministro de Educación Elías Jaua, se firmó la segunda Convención Colectiva, y en ese momento un docente recién graduado ganaba 20 salarios mínimos. Esa realidad se acabó en 2018 con la reconversión monetaria, cuando todos los sueldos de los educadores pasaron a Bs. 1.800 (30 dólares), sin importar años de antigüedad o estudios realizados.
“El sector se alzó en protestas, porque era inconcebible que un docente ganara lo mismo que una humilde trabajadora de mantenimiento, y lo que hizo el gobierno fue llevar el salario a Bs. 1.920. Hasta allí se discutieron los sueldos”, rememora.
Resaltó que desde entonces todos los beneficios laborales establecidos en la Convención Colectiva fueron eliminados, comenzando por el seguro médico de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM). “Teníamos una cláusula de HCM que nos permitía ingresar a cualquier clínica del país y atender operaciones, el Ministerio de Educación cubría todos los gastos, actualmente esas cláusulas están en cero, igual que las de funeraria, antes el gobierno atendía los gastos fúnebres totales, esos beneficios ahora no existen y quedamos totalmente desasistidos”, recalcó.
Recordó que en los últimos 13 años el gobierno quebró el Instituto de Prevención y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), que contaba con 66 oficinas en todo el país y ahora están cerradas.
“Este instituto ya no opera a los docentes, no tiene personal médico ni administrativo laborando, ya no emite créditos hipotecarios ni préstamos personales. Cualquier educador antes tenía opción de adquirir una vivienda o un apartamento y se financiaba un crédito que se podía cancelar en 20 años, a pesar de esto todavía se está descontando el 7% del Ipasme del salario del trabajador, aunque ya no se usa ni para consultas odontológicas”, refirió.
Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara, indicó que en el 2012 los docentes ganaban $476 como salario base, ahora gana menos de $2.