Días atrás, el que fuera máximo responsable de los servicios de inteligencia de los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, solicitó voluntariamente declarar ante el juez de la Audiencia Nacional como aviso a navegantes de lo que puede ocurrir, y revelar, si España accede a extraditarlo a Estados Unidos. Carvajal aseguró ante el magistrado Manuel García Castellón que tiene pruebas de negocios irregulares entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela y llegó a citar al que fuera ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. También aludió a la etapa en la que el ministro de Defensa era José Bono. En concreto, dijo que tenía conocimiento de muchas de las gestiones hechas por el Ejecutivo socialista entre 2004 y 2010 para formalizar grandes contratos de empresas españolas con Venezuela, incluida la venta de armamento y de ocho fragatas españolas para la Armada venezolana por valor de 1.245 millones de euros. Además, dijo al juez que contaba con pruebas suficientes sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Juan Carlos Monedero, de quien dijo que había facturado a la petrolera estatal venezolana Pdvsa para cobrar dinero por servicios nunca prestados. Pero no aportó copias de contratos, fechas ni cantidades. Si acaso, solo la sospecha de que superaba los 100.000 dólares.
No hay duda de que quien fuera el hombre fuerte de los servicios secretos del régimen chavista conoce multitud de secretos con los que puede tratar de amedrentar al Gobierno -ya sea a través del PSOE o de Podemos- y tratar de evitar así su inmediata extradición a Estados Unidos, pero las insinuaciones no bastan. Lo que se asegura debe estar apuntalado con pruebas y eso es lo que todavía no ha ofrecido al magistrado.
España es una democracia en la que, sin pruebas, un tribunal no puede condenar a nadie. Si Carvajal, ahora que está detenido, pretende poner su conciencia en paz, cosa poco creíble, es legítimo que trate de negociar con las autoridades españolas. Pero no lo es si quiere usar su información como chantaje político para evitar su extradición sin aportar ni un solo documento. Conviene no olvidar que está reclamado por la administración norteamericana por delitos muy graves, que fue partícipe del embrión de una dictadura encubierta en Venezuela, y que en España no valen las insinuaciones ante un juez. Ni tampoco la coacción a nuestros tribunales. Vale acreditar las acusaciones. Y si no lo hace, la obligación de nuestro país es extraditarlo con urgencia para ser juzgado en Estados Unidos. Más aún, cuando se trata de una decisión política y judicial adoptada hace ya un año, y cuando es un delincuente internacional que sorprendentemente no tuvo ninguna dificultad para fugarse y permanecer oculto en nuestro país hasta hace bien poco.
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